Gremio de vigiladores advierte que recrudecerá el conflicto si no se va la policía de las represas

Este miércoles en Río Gallegos se retomará la reunión entre partes en conflicto en torno a la decisión del consorcio “Represas Patagonia” de rescindir el contrato con una empresa de seguridad privada y acordar con el Gobierno  de Santa Cruz para que la Policía se haga cargo de esa tarea.

Hasta el momento no hay ningún avance en la negociación. Y antes de retomar tras el cuarto intermedio, el secretario general de la Unión Personal de la Seguridad Privada y Afines de la Patagonia Austral (U.P.S.A.P), Julio Gutierrez, lanzó una advertencia. El conflicto recrudecerá si no se reincorpora a los trabajadores desplazados.

En entrevista con FM DIMENSION, el sindicalista indicó que en la reunión de ayer martes, la UTE insistió en su postura de contratar el servicio adicional de la Policía, y contó con el aval del gobierno.

Esto no dejó para nada conformes a los representantes gremiales. “No vamos a permitir que no se pierda ningún puesto de trabajo”, señaló Gutiérrez. “El Gobierno insiste en poner policías en un lugar privado, y la policía no tiene nada que hacer ahí. Se tiene que dedicar a brindar seguridad a los ciudadanos”.

El dirigente gremial, que también lidera la CGT Regional Zona Norte, indicó que en caso de no haber respuestas favorables tras el cuarto intermedio, se decidirá volver a cortar totalmente los accesos a las represas. Gutiérrez advirtió que esta vez se sumarán solidariamente otros gremios que tienen presencia en las obras, como UOCRA y Camioneros.

“La responsabilidad fundamental y primaria es de parte del Estado, que está permitiendo que haya perdida de trabajos en nuestra actividad” sentenció Gutiérrez.

Por otra parte el dirigente adelantó en el programa Radio Activa, que independientemente del resultado de esta negociación, “vamos a denunciar al Gobierno y a la empresa de la represas por discriminación y estigmatización a los trabajadores”.

Es que Gutiérrez indicó que en la reunión representantes de la UTE expusieron que hubo casos de consumo de alcohol, drogas y portación de armas entre los trabajadores.

Sin embargo manifestó que “no hay ninguna denuncia ni trámite administrativo que demuestre que esto pasó. Es una vergüenza y una aberración. De ninguna manera se pueden tirar acusaciones  tan livianamente en contra de los trabajadores”.

(Guillermo Pérez Luque – Ahora Calafate)