Investigan a un comisario que compró una millonaria estancia

Un comisario de Las Heras está acusado de haber comprado la estancia Los Alamos, de más de 12 mil hectáreas a la vera del río Santa Cruz, como presunto “testaferro” de un ciudadano italiano, que habría pagado una suma millonaria sin que se conozca el origen del dinero.
lunes, 25 de febrero de 2019 · 22:21

La demanda fue realizada por Guillermo Moy, un vecino de Puerto San Julián a quien, el ahora comisario de Las Heras, Walter Mimica, compró un extenso campo en 2008, asegurando que actuaba a nombre de un italiano, identificado como Eugenio Boffi.

La causa civil fue iniciada en 2015, y según pudo reconstruir La Opinión Austral, es porque el 9 de de diciembre del año 2008 el sanjulianense y el uniformado suscribieron el boleto de compra venta de un lote ubicado en el margen norte del río Santa Cruz, que tiene una superficie de 9.615 hectáreas, por la suma de un millón ciento treinta y cuatro mil pesos, suma a la que el policía se comprometió a pagar en dos depósitos. Pero además, a estas tierras se sumaban otras con trámite de adjudicación que se encontraba todavía en el Consejo Agrario.

En los escritos de la demanda presentada por Moy, se lee que “Mimica, en calidad de testaferro, adquirió el inmueble, a nombre de un ciudadano italiano, Eugenio Boffi, quien a su vez se habría comprometido con éste a realizar los trámites que nuestras leyes impositivas le imponen, para que el inmueble adquirido sea escriturado a su nombre, circunstancia que se encuentra de manifiesto en el boleto de compraventa”.

El 21 de agosto de 2014, Mimica intimó al sanjulianense a suscribir la escritura de la estancia a favor suyo ante una escribana, caso contrario le iniciaría acciones legales. Cuando esto sucedió, el vendedor empezó a indagar respecto de la capacidad adquisitiva de Mimica: “un empleado de la administración pública provincial, personal de la Policía de la Provincia de Santa Cruz, sin el crédito suficiente para adquirir un inmueble del valor adquirido”, porque además, se suponía que las tierras debían quedar a nombre del comprador italiano.

El vendedor, que ahora quiere devolver el dinero, se niega a que el comisario tenga la titularidad de la estancia, porque teme avalar así “una posible actividad ilícita penada por Ley 25.246 de Encubrimiento y Lavado de Activos, dado que se desconoce el origen del capital para la compra del inmueble”.

Así, los demandantes presumen “que el propósito por el cual Mimica adquirió el inmueble en nombre de otro fue con el objeto de éste evitar registrarse ante la Dirección General de Ingresos”, evitando que el ciudadano extranjero hiciera la inscripción en la AFIP–D.G.I., sin mostrar el origen de los fondos e inscribirse en la Inspección General de Justicia, “con fin de evitar las trabas burocráticas e impositivas impuestas para la adquisición de inmuebles por parte de extranjeros; es que el Sr. Mimica actuó con mandato oculto de otra persona”, se aduce en un escrito que fue presentado en el Juzgado de Francisco Marinkovic.

Lo cierto es que la estancia Los Alamos no está ocupada sino que, según el denunciante, “se encuentra abandonada, y a la buena de Dios”, y es por eso que acusan al policía de pretender “un bien que fue adquirido en su nombre pero por cuenta de otro, lo que acarrea la nulidad del boleto de compraventa suscripto con esta parte; y que existe el peligro de que el inmueble al encontrarse abandonado fuera usurpado”, razón por la cual “solicito se me otorgue de forma inmediata la tenencia provisoria de los inmuebles vendidos”.

Así las cosas, el eje de la demanda del vendedor es que no sabe el origen de los fondos con los que se compró la estancia, pero además “queremos que se investigue si fue un acto simulado, si es un testaferro, porque presentó el título de propiedad a su nombre, no a favor del ciudadano italiano, y él, como funcionario público se presta a ser testaferro de un extranjero del cual no sabemos de dónde sacó el dinero”, cuestionan. (ADN Sur)