La Policía Federal demoró al Intendente de Río Turbio Atanacio Pérez Osuna

La causa inició con la denuncia del actual interventor de YCRT, Omar Zeidán, que puso bajo sospecha el manejo de $ 26.000 millones que representa el presupuesto que el extinto ministerio de Planificación Federal destino a YCRT desde 2005 a 2015 para su presunta modernización.

Se piden los procesamientos por "peculado y administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública”, junto con la prisión preventiva  que además plantea el procesamiento, incluye a Roberto Baratta (ex mano derecha de Julio De Vido y ya detenido por otra causa), Martín Goicochea (rector de la UTN), Miguel Larregina (ex gerente contador de YCRT), Atanacio Pérez Osuna (ex interventor de YCRT y actual intendente de Río Turbio) y Hugo Sánchez (presidente de la Fundación).

La fiscalía sostuvo en una resolución de más de 200 páginas que a quienes se les pide ahora la prisión preventiva “defraudaron al Estado” al “conformar y materializar un ilícito sistema de contrataciones” que involucraron al ex ministerio de Planificación, a Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT), y la “tercerización de todas las obras a través de la Facultad Regional de Santa Cruz (FRSC) de la UTN”.

Así, a través de una fundación vinculada a la Facultad se realizaron compras y contrataciones “de forma directa sin sujeción a las normas en materia de contrataciones públicas”. La maniobra defraudatoria investigada fue “orquestada y ejecutada entre 2008 y 2015”. Se calcula que el perjuicio al Estado fue superior a los $ 567 millones.

Para el fiscal Stornelli los imputados “diseñaron todo este sistema” para “sustraer dinero y defraudar" al Estado. Gran parte de la responsabilidad recae sobre YCRT y sus autoridades, Pérez Osuna como Larregina, que obraron de manera “irregular” tanto en la ejecución de convenios millonarios como en "pagos realizados".

Se planteó que los imputados, aún libres, representan “un riesgo procesal” considerando que no se dispusieron “medidas cautelares sobre sus patrimonios “que podrían ser medios para eludir la investigación”, y, a excepción de Baratta, “ocupan roles y posiciones claves para atentar contra la investigación y el recupero de los bienes”.

Según la fiscalía, Baratta, Larregina, Pérez Osuna, Goycochea y Sánchez “tomaron parte en el diseño de esta estructura delictiva, junto a la ejecución y desarrollo de una ingeniería que desvió 265 millones de pesos, dinero que se abonó como gastos administrativos y comisiones a la FRSC, a su Fundación”, con YCRT y la UTN.

El procedimiento fue definido como “obsceno” y con el único fin de evitar los controles en materia de contratación, por “obras inconclusas, con anticipos financieros, con sobreprecios” llevando el perjuicio a $ 567 millones de pesos.

El ex interventor de YCRT Pérez Osuna (actual intendente del FPV en Río Turbio) convalidó gastos a simple firma por $ 13.600.000, “dicho límite fue deliberadamente evadido” y consideraba “otra ingeniería para sustraer fondos públicos”: firmaban convenios que no superaban los $ 12,5 millones, todos pertenecían a la misma obra, “conocían el límite y buscaron burlarlos desdoblando los convenios en un evidente fraude”, indicó el fiscal. Lo hicieron al menos 12 veces.

Las irregularidades se “observaron también en los funcionarios de la UTN” que realizaron contrataciones “por fuera de la ley”, tercerizando proyectos con la FRSC. “Goicochea fue el que firmó la mayoría de los convenios", se agregó.

Mientras la UTN Santa Cruz cuenta con dos carreras de ingeniería “se transformó en subcontratista de obra pública y cobró en comisiones más de $ 176 millones". Fuentes Archivos Propios- Clarin.com