En Caleta aseguran que Peralta no envía fondos prometidos para atender la emergencia hídrica
Una reunión celebrada ayer en la sede vecinal del barrio Parque de esta ciudad entre algunos diputados de la zona norte, concejales, referentes de la agrupación Vecinos Autoconvocados y de la ONG SOS Agua, derivó en varias discusiones.
El objetivo de la convocatoria era conformar una comisión para fiscalizar los compromisos asumidos por el gobernador Daniel Peralta para atender cuestiones de la emergencia hídrica, pero en rigor no hay nada para fiscalizar ya que el mandatario provincial todavía no remitió fondos ni tampoco hay novedades en torno a la promesa de incorporar 70 nuevos trabajadores al distrito local de Servicios Públicos.
Cabe recordar que Peralta estuvo en Caleta Olivia prácticamente solo al final de una crítica etapa de escasez de agua que se produjo en el mes de febrero y que duró tres semanas debido a las roturas sistemáticas del acueducto troncal que no daban tiempo para completar las cisternas de la ciudad.
Nunca tuvo contacto directo con los cientos de manifestantes que cortaron la ruta 3 en demanda de urgentes soluciones y consecuentemente eludió el costo político, a diferencia de otros funcionarios.
En cambio, atendió a puertas cerradas en oficinas del puerto Caleta Paula a una comisión de vecinos -algunos de los cuales respondían a su entorno-, con quienes firmó los compromisos de apoyo logístico e incorporación de personal a SPSE para paliar la emergencia, todo relacionado con la ley aprobada por la Legislatura con el mismo fin.
PIDEN POR FUNCIONARIOS
En la reunión celebrada ayer en la sede vecinal mencionada, el grupo de funcionarios estuvo conformado por los diputados Alexis Quintana, Rubén Contreras, Martín Sotomayor y Estela Maris Bubola; los concejales Juan José Naves, Manuel Aybar y Juan Acuña Kunz; el gerente distrital de Servicios Públicos, Claudio Olivares (además de sus colaboradores); y el director municipal de Protección Civil, Miguel Galán, entre otros.
En ese encuentro se trajo a la memoria que la Ley de Emergencia Hídrica tiene una vigencia de seis meses a partir de su promulgación y por ello se dijo que es imperioso que el gobierno provincial, a través de la empresa Servicios Públicos, diera señales de responder a los compromisos asumidos.
Por otra parte, se reclamó la presencia de los miembros del directorio de esa empresa provincial que encabeza Julián Osorio y que los fondos que envíe el Poder Ejecutivo para financiar obras sean manejados por el distrito local. (fuente: El Patagónico)