Caso Ángel López: la madre enfrenta perpetua y su pareja hasta 25 años, pero podría agravarse por una pericia clave
La audiencia de apertura dejó imputaciones iniciales con diferencias importantes en la expectativa de pena. La investigación deberá determinar si las más de 20 lesiones fueron en un solo episodio o en un proceso de maltrato; de esa definición dependerá un eventual cambio en la calificación, sobre todo para el acusado como autor material.
La extensa audiencia de control de detención realizada este martes dejó como una de las incógnitas a despejar un detalle que podría agravar aún más la situación de Michel González. Los estudios histopatológicos determinarán si los golpes sufridos por la víctima fueron a lo largo del tiempo que estuvo a cargo de su madre, desde noviembre del año pasado, o si fueron en un solo episodio.
Hasta aquí, la acusación es clara: Mariela Altamirano fue imputada por homicidio agravado por el vínculo en carácter omisivo -por no haber protegido a su hijo-. Su pareja, Michel González, enfrenta una imputación por homicidio simple como presunto autor material de la agresión.
Esa diferencia no es menor. En términos de expectativa de pena, configura desde el inicio dos escenarios muy distintos: prisión perpetua para la madre, en caso de probarse la acusación, y un máximo de 25 años para González, bajo la figura actual. Sin embargo, esa arquitectura jurídica es provisoria.
LA VARIABLE QUE PUEDE CAMBIAR TODO
Tal como surge de lo planteado en audiencia y fue retomado por el fiscal Facundo Oribones en declaraciones posteriores, la clave de la investigación estará en determinar la mecánica y la temporalidad de los golpes que recibió el niño. La autopsia preliminar confirmó más de 20 impactos en el cráneo como causa del edema cerebral que derivó en la muerte. Pero lo que aún no se pudo establecer es si esas lesiones ocurrieron en un único episodio o si fueron el resultado de agresiones reiteradas en el tiempo. Esa distinción abre dos caminos posibles.
Por el contrario, si se determina que las lesiones se produjeron de manera progresiva, el caso se encuadraría en un contexto de maltrato infantil sostenido. Allí, la acusación contra González podría sostenerse en los términos actuales, sin ese salto cualitativo en la calificación penal, aunque con un cuadro probatorio distinto.
POR QUÉ LA DIFERENCIA NO ES SOLO TÉCNICA
La discusión sobre si los golpes fueron simultáneos o acumulativos no es un matiz pericial: define la lógica del hecho.
Un ataque concentrado en un único momento remite a un episodio de violencia extrema, con una víctima en absoluta indefensión, lo que habilita agravantes vinculadas a la forma de ejecución. En cambio, una secuencia de agresiones distribuidas en el tiempo instala la hipótesis de un entorno de violencia crónica, donde el foco se amplía hacia la dinámica de convivencia. En este último punto es donde también se vuelve central la imputación contra la madre.
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En el caso de Altamirano, la fiscalía ya partió de la figura más gravosa: homicidio agravado por el vínculo. La particularidad es que se le atribuye una conducta omisiva, es decir, no haber evitado el resultado ni haber intervenido para proteger al niño.
Pero sí dependerá de la capacidad de la fiscalía para demostrar el grado de conocimiento y de intervención posible que tenía la madre frente a la situación. En un escenario de maltrato prolongado, esa línea argumental podría fortalecerse; en uno de agresión concentrada, la discusión probatoria podría desplazarse hacia otros aspectos.
CAMINO A UN JUICIO CON JURADO POPULAR
Con seis meses de plazo de investigación y prisión preventiva para ambos imputados, el expediente entra ahora en su fase más técnica. Los informes histopatológicos y periciales serán determinantes para fijar la cronología de las lesiones y, con ello, consolidar -o modificar- la acusación.
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En ese marco, el caso de Ángel López todavía tiene camino por recorrer hasta llegar a una etapa de juicio oral y público, en la que deberá intervenir un jurado popular. La evidencia reunida hasta hoy es importante, sobre todo por la claridad de la autopsia, pero los análisis complementarios terminarán de definir el modo en que ocurrieron los hechos -y sus grados de responsabilidad-, además de un eventual cambio en la calificación.
Lo que hoy aparece como una diferencia marcada entre perpetua y un máximo de 25 años podría reconfigurarse a partir de un dato pericial específico. Y es en ese punto donde la investigación se juega algo más que una reconstrucción de los hechos: se define, en términos concretos, el alcance de las responsabilidades penales.
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