Chile y Argentina alertan por una red criminal patagónica
Las fiscalías de Magallanes y Río Gallegos advirtieron que el crimen organizado en la Patagonia funciona como una estructura que atraviesa la frontera entre Chile y Argentina. Durante una jornada de la Comisión de Seguridad Pública del Senado chileno en Punta Arenas, los fiscales Cristián Crisosto y Julio César Zárate señalaron que las organizaciones utilizan pasos fronterizos, campos, vehículos, comunicaciones satelitales y mecanismos financieros para mover drogas, cigarrillos, armas y dinero.
El crimen organizado que opera en el extremo sur no reconoce la frontera entre Chile y Argentina y debe ser entendido como un fenómeno de escala patagónica, con conexiones que incluso pueden alcanzar una dimensión intercontinental. Ese fue el diagnóstico compartido por el fiscal regional de Magallanes, Cristián Crisosto, y el fiscal federal de Río Gallegos, Julio César Zárate, durante la segunda jornada temática de la Comisión de Seguridad Pública del Senado, realizada en Punta Arenas.
Crisosto señaló que una de las particularidades de la región es la ausencia de accidentes geográficos que marquen el límite internacional en buena parte de su trazado. Según explicó, la facilidad para cruzar de un territorio a otro favorece el traslado de droga, cigarrillos de contrabando y armas, pese a que existen seis pasos fronterizos oficiales.
Zárate coincidió con ese diagnóstico y aseguró que las organizaciones llegan a comprar estancias del lado argentino para garantizar rutas de cruce hacia Chile. La logística incluye camiones de carga escoltados, comunicaciones mediante sistemas satelitales y movimientos de dinero a través de billeteras virtuales y casas de cambio, con el lavado de activos como objetivo final de la estructura.
Cigarrillos, drogas y dinero: cómo funciona la estructura
Uno de los puntos destacados por ambos fiscales fue el vínculo entre el contrabando de cigarrillos y el narcotráfico. Una actividad que muchas veces es considerada un delito menor puede convertirse, según el diagnóstico presentado, en una fuente de financiamiento para sostener la logística de organizaciones dedicadas al tráfico de drogas.
Crisosto detalló que durante 2025 se incautaron más de 600.000 cajetillas de cigarrillos y que existen más de 120 vehículos incautados en causas vigentes por narcotráfico y contrabando, varios de ellos de alta gama. La hipótesis de la Fiscalía es que una misma organización puede intervenir en ambos delitos y utilizar las ganancias del contrabando de tabaco para financiar otras operaciones.
El fiscal de Magallanes también puso el foco en la necesidad de atacar el patrimonio de las organizaciones y no solamente detener a sus integrantes. En ese sentido, planteó que el objetivo debe estar puesto en las cuentas, inmuebles y vehículos utilizados por las estructuras criminales, porque los líderes detenidos pueden ser rápidamente reemplazados.
"La velocidad del delito es mucho mayor que la velocidad del Estado", fue el planteo de fondo expuesto durante la jornada por Zárate, quien reclamó convenios que permitan agilizar el intercambio de información e inteligencia entre Chile y Argentina. Crisosto, en tanto, mencionó que un proyecto de Aduanas para instalar escáneres en los pasos fronterizos continúa pendiente pese a contar con financiamiento del Gobierno Regional.
Puertos y cárceles, otros focos bajo vigilancia
La preocupación también alcanza al espacio marítimo. Crisosto indicó que el tránsito de naves mayores por el estrecho de Magallanes aumentó un 47% entre 2024 y 2025 y que el movimiento por el canal Beagle también registró un crecimiento, hasta alcanzar cerca de 1.500 embarcaciones durante el último año.
El fiscal advirtió sobre una vulnerabilidad jurídica vinculada con el tránsito internacional de embarcaciones y señaló que, sin una denuncia o indicio previo, existen limitaciones para abordar una nave sospechosa. Como ejemplo, mencionó el caso de un buque posteriormente incautado en un puerto de Países Bajos que había atravesado previamente el Estrecho sin que las autoridades chilenas tuvieran conocimiento de ello.
Desde la autoridad marítima aportaron un contrapunto: señalaron que cerca de 2.500 naves cruzan anualmente el Estrecho y que, hasta el momento, no se detectaron organizaciones dedicadas al traslado de grandes cantidades de droga hacia mercados internacionales mediante esas rutas. Como muestra de los controles, se informó sobre la incautación de 56.000 cajetillas de cigarrillos en una nave en el sector de Bahía Azul, en Tierra del Fuego.
El diagnóstico sobre los puntos críticos también alcanzó a las cárceles. Crisosto indicó que Magallanes mantiene 625 personas privadas de libertad desde 2023, distribuidas entre Punta Arenas, Puerto Natales y Porvenir, y señaló que los recintos penitenciarios constituyen, junto con los puertos, espacios donde el crimen organizado puede asentarse.
El 12,7% de las personas privadas de libertad son extranjeras, porcentaje inferior al registrado al cierre de 2025, cuando rondaba el 17%. Dentro de ese grupo, cerca del 80% corresponde a personas de nacionalidad colombiana. Además, el fiscal informó que los delitos vinculados con la Ley de Armas aumentaron más de un 200% entre 2023 y 2026, un fenómeno que vinculó con las características fronterizas de la región.
La advertencia central de la jornada fue compartida por las fiscalías de ambos países: frente a organizaciones que intercambian información y coordinan sus movimientos en tiempo real, la respuesta estatal necesita una cooperación transfronteriza más rápida, con mayor intercambio de inteligencia y herramientas para afectar directamente los recursos económicos de las estructuras criminales.
La Prensa Austral
