¿Cómo logró "La Coca" Fernández burlar la tobillera y casi entrar a Chubut con identidad falsa?

Un control habitual en Arroyo Verde, en el límite entre Río Negro y Chubut, terminó revelando un caso que ya generó fuertes cuestionamientos al sistema judicial. El jueves 6 de noviembre, cerca del mediodía, agentes de la Subcomisaría local detuvieron a Andrea Soledad Fernández, conocida como "La Coca", una mujer condenada a prisión perpetua en 2015 por el brutal asesinato de Néstor Bauzá en Bahía Blanca.
La detenida viajaba como pasajera en un micro de larga distancia de la empresa Andesmar y, al ser requerida su identificación, descendió de manera abrupta e intentó darse a la fuga campo adentro. Fue interceptada a pocos metros y, al presentar un documento falso y dar datos incorrectos, surgieron las primeras sospechas.

Un papel con varias identidades anotadas entre sus pertenencias confirmó que buscaba ocultar quién era. Tras la verificación biométrica, se determinó que se trataba de Fernández, quien tenía un pedido judicial activo y debería haber estado cumpliendo prisión domiciliaria bajo supervisión electrónica.

Una condenada a perpetua que gozaba de un beneficio revocado dos veces

El caso generó inmediata inquietud por el historial judicial de Fernández. Condenada por asesinar a Bauzá el 16 de abril de 2014 -estrangulándolo con su propio cinturón bajo la modalidad de "viuda negra"-, también había sido investigada por otras causas vinculadas a estafas y extorsiones.
Pese a esos antecedentes, el juez del Juzgado de Ejecución Penal Nº 2 de Bahía Blanca, Onildo Stemphelet, le otorgó en dos oportunidades el beneficio de prisión domiciliaria, argumentando un cuadro de lumbalgia y hernia discal que no estaría siendo tratado adecuadamente en la cárcel.

Sin embargo, en ambas ocasiones la Sala I de la Cámara Penal revocó ese beneficio, señalando que no existía dictamen médico que indicara la imposibilidad de tratarla en el establecimiento penitenciario. Desde la Unidad Penal Nº 4 informaron, incluso, que "no presenta patología aguda" y que recibía medicación y estudios programados.

Aun así, al momento de su detención en Chubut, el último fallo que beneficiaba a Fernández no estaba firme, lo que explica por qué circulaba en libertad con una tobillera electrónica que no impidió su desplazamiento fuera de su jurisdicción.

Investigación abierta y críticas al sistema de control

Tras su arresto, Fernández fue puesta a disposición del Juzgado de Ejecución Penal y trasladada al Instituto Penitenciario Provincial de Trelew. El jefe de la Unidad Regional de Puerto Madryn, comisario mayor Diego Williams, destacó la actuación policial y remarcó que la detención se produjo "evitando que la mujer ingresara a la provincia con un pedido de captura vigente".

Ahora la Justicia investiga cómo logró evadir la custodia, si contó con apoyo externo y cuáles eran sus intenciones al intentar ingresar a Chubut. La situación también reaviva el debate sobre los mecanismos de control de las tobilleras electrónicas y la responsabilidad del Poder Judicial en el seguimiento de condenados de alta peligrosidad.

Mientras continúa detenida en Trelew, el caso de "La Coca" vuelve a poner en evidencia la distancia entre los fallos judiciales y la efectiva aplicación de las penas en el país, especialmente en delitos graves como el homicidio.

ADNSUR