Contrabandeaban cigarrillos por Monte Aymond: un camionero argentino fue clave en un juicio que condenó 21 personas
El juicio oral contra la organización criminal "Sin Fronteras" permitió establecer con precisión el rol de cada integrante. Entre ellos, se destacó la participación de un camionero argentino, cuya función era indispensable para el ingreso de cigarrillos de contrabando a Chile. Su intervención permitió sostener una operatoria sistemática que generó un perjuicio millonario al Estado.
Tras más de dos meses de juicio oral, la Justicia dictó un veredicto condenatorio contra 15 integrantes de la organización criminal conocida como "Sin Fronteras", dedicada al contrabando reiterado de cigarrillos y al lavado de activos en la Región de Magallanes. A estas condenas se suman otras seis dictadas previamente mediante procedimientos abreviados, alcanzando un total de 21 personas condenadas en la causa.
Durante el debate se acreditó que la banda operaba como una estructura criminal organizada, con roles claramente definidos y una logística transnacional que permitió sostener las maniobras ilícitas durante gran parte del año 2023 e incluso desde años anteriores. Todos los condenados fueron hallados responsables de contrabando reiterado, agravado por tratarse de mercadería sujeta a tributación especial, además de asociación ilícita y lavado de activos.
La organización estaba integrada por ciudadanos paraguayos, venezolanos, chilenos y un argentino. En el juicio se estableció una clara diferenciación entre quienes ejercían funciones de liderazgo y quienes cumplían tareas operativas. Los líderes coordinaban los grupos, administraban el dinero y mantenían los contactos internacionales necesarios para sostener el circuito del contrabando.
En ese entramado, el rol del argentino resultó determinante. Según se acreditó en el juicio, se trataba de un camionero que actuaba como el principal nexo para el ingreso de la mercadería de contrabando a Chile. Su función consistía en transportar cigarrillos ocultos dentro de cargas lícitas, evitando su declaración ante el servicio de Aduanas.
El contacto con este transportista estaba reservado exclusivamente a los líderes de la organización, lo que refuerza la importancia estratégica de su participación. Era él quien coordinaba cada ingreso a territorio chileno y definía los puntos específicos donde se realizaría el traspaso de la mercadería a otros vehículos de la banda.
El camionero argentino aprovechaba su tránsito desde San Sebastián, cruzando por Tierra del Fuego hacia el continente y continuando en dirección al paso internacional Monte Aymond. En ese trayecto, y particularmente en la Ruta CH-255, se acordaban los lugares donde se efectuaba el "trasvasije" de los cigarrillos, reduciendo al mínimo el riesgo de detección en controles fronterizos.
Una vez concretado el traspaso, la organización desplegaba un sistema de caravanas de seguridad. Estas incluían furgonetas destinadas al transporte de la carga y varios vehículos menores que cumplían funciones de vigilancia y alerta temprana ante la presencia de Carabineros u otros controles. En el juicio se lograron acreditar al menos 15 operaciones de este tipo.
En uno de los procedimientos se incautaron 55 mil cajetillas de cigarrillos, y se estimó que el perjuicio fiscal provocado por la organización alcanzó cerca de 200 millones de pesos en impuestos que el Estado dejó de percibir.
En paralelo al contrabando, la investigación permitió demostrar diversas maniobras de lavado de activos destinadas a ocultar el origen ilícito de las ganancias. Entre ellas, la utilización de terceros para la compra de bienes, el envío fraccionado de dinero al extranjero para evitar alertas del sistema financiero y el transporte físico de divisas sin declarar, en montos que iban desde los 10.000 hasta los 25.000 dólares.
El proceso judicial concluyó con un amplio número de condenas por contrabando reiterado, asociación ilícita, receptación aduanera y lavado de activos. La Fiscalía solicitó penas que podrían llegar hasta los 20 años de prisión para los líderes y financistas de la organización. La determinación de las penas definitivas será informada en los próximos meses.(La Prensa Austral)

