Docente irá a juicio por abuso infantil: confirman pruebas clave
La abogada Gladys Olavarría, representante de las familias de tres niños que denunciaron a la docente Roxana Ortega por abuso sexual infantil, confirmó este sábado en Trelew que la jueza Ivana González elevó la causa a juicio.
La abogada Gladys Olavarría valoró la resolución de la jueza penal Ivana González, quien decidió elevar a juicio la causa por abuso sexual infantil contra la docente Roxana Ortega. La audiencia preliminar fue extensa y compleja, con más de dos horas y media de debate entre la Fiscalía, la querella y la defensa, pero finalmente la magistrada confirmó que el proceso avanzará por los tres hechos atribuidos a la acusada.
Según explicó la querellante en diálogo con Mañana G por Jornada Radio, los "tres hechos" implican en realidad que las víctimas refirieron más de un episodio cada una. La causa llega a juicio con la calificación de abuso sexual infantil agravado por la calidad de encargada de la educación, en concurso real, la misma postulada tanto por la Fiscalía como por la representación de las familias.
Relatos coherentes y peritajes concluyentes
Olavarría destacó la consistencia de las declaraciones de los menores. "Los relatos no solo son coherentes en el tiempo, sino también en el modo, el lugar y la autoría", afirmó. A esto se suman los informes de psicólogos y otros profesionales que concluyeron que las manifestaciones de los niños no fueron inducidas ni construidas por terceros, sino que surgen de experiencias propias.
Sobre la situación procesal de Ortega, la querellante señaló que no se solicitó prisión preventiva porque no se verificaron riesgos concretos de fuga o entorpecimiento. De todos modos, insistió en la importancia de llegar cuanto antes al debate oral para poner todas las pruebas a consideración del tribunal.
En cuanto a los plazos, indicó que la Oficina Judicial de Trelew suele trabajar con celeridad. Por eso, estimó posible que el juicio tenga lugar durante el primer semestre de 2026, dependiendo de la disponibilidad de la agenda judicial.
Penas posibles y un debate que será unipersonal
Olavarría explicó que el mínimo de pena para el delito imputado comienza en tres años, mientras que el máximo puede alcanzar los treinta. La querella solicitó una condena de dieciséis años, aunque advirtió que, tratándose de un concurso real, la legislación prevé la suma de los mínimos, lo que podría elevar significativamente el monto final.
La abogada comentó también que habían solicitado un juicio por jurados, pero la normativa vigente no lo permite en casos de concurso de delitos, incluso cuando la pena potencial es elevada. Por este motivo, el debate será ante un juez unipersonal, lo que -según la letrada- podría agilizar los tiempos del proceso.
La decisión de elevar la causa a juicio generó un fuerte impacto emocional en las familias. "Las madres lloraron de alivio porque la justicia escuchó la voz de sus hijos, pero la angustia persiste por el camino que aún resta", relató.
Olavarría subrayó que la querella presentó una amplia cantidad de pruebas: psicólogos, médicos, peritos, policías, documentación pública, inspección ocular y testimonios de personas cercanas a los niños, quienes también describieron secuelas derivadas de los hechos denunciados. En contraste, señaló que los testigos ofrecidos por la defensa son en su mayoría amigos o conocidos de la imputada.
"Hay elementos de prueba muy fuertes", concluyó la abogada, convencida de que el juicio permitirá verificar la contundencia de todo el material reunido en el expediente.
Diario Jornada

