El Gobierno de Santa Cruz reglamentó el 90/10

La normativa reglamentada pone en marcha el Sistema de Registro de Empleo Local (SIREL) como herramienta central para verificar el cumplimiento de la Ley 90/10. Las empresas petroleras, mineras, pesqueras y de sectores afines deberán inscribirse y cargar información actualizada cada 30 días, incluyendo nóminas de personal y la proporción de trabajadores santacruceños con residencia efectiva mínima de seis años.

Si no se cumple con el porcentaje mínimo de empleo local, las autoridades podrán aplicar sanciones previstas en la Ley Provincial N° 2.450, tras procedimientos que garantizan el derecho de defensa y contrastan la información presentada por las compañías.

Residencia, excepciones y capacitación

La reglamentación contempla excepciones limitadas para casos en los cuales no exista personal local con la calificación requerida. En esos supuestos, las empresas pueden contratar trabajadores foráneos, pero deben presentar un Plan de Capacitación y Sustitución Progresiva destinado a formar trabajadores santacruceños, que debe ser aprobado por la autoridad laboral; de no presentarse o ser rechazado, no se podrá invocar la excepción.

Además, las empresas cuentan con un plazo de 60 días (prorrogable) para adecuar sus operaciones al nuevo régimen de empleo local establecido por la norma.

Antecedentes y contexto de la ley

La Ley 90/10 reemplaza un esquema anterior que fijaba el 70% de empleo local, elevando el piso al 90% en industrias estratégicas como hidrocarburos, minería y pesca, con el objetivo de que el desarrollo económico se traduzca en empleo genuino para quienes residen en la provincia.

Operativos de fiscalización realizados en la provincia en 2025 habían detectado a más de 1.100 trabajadores foráneos sin residencia comprobada desempeñándose en actividades mineras, una de las razones que motivaron el endurecimiento de los controles y el rol activo del Estado en la verificación laboral.

Reacción y próximos pasos

La reglamentación de la Ley de Empleo Local es vista por el Gobierno provincial como una herramienta clave para fortalecer la presencia de trabajadores santacruceños en las industrias que marcan el dinamismo económico de la provincia y para asegurar que la actividad productiva se traduzca en beneficios concretos para la población local.

A partir de ahora, la autoridad laboral provincial intensificará las tareas de control y fiscalización y acompañará a las empresas en la adecuación de sus procesos, con metas claras de empleo local y mecanismos de sanción ante incumplimientos. Esto busca consolidar un modelo productivo más equitativo y con mayor participación de la comunidad santacruceña en el desarrollo de su territorio (Fuente: La Tecla Patagónica/El Diario Nuevo Día).