Justicia de Punta Arenas dicta prisión preventiva para el acusado de atacar a su pareja con una motosierra

El Juzgado de Garantía dispuso la prisión preventiva de un sujeto acusado de protagonizar un grave episodio de violencia de género, en el que intentó atacar a su pareja con una motosierra, cuchillos y maniobras de asfixia. La medida fue adoptada tras una audiencia que expuso la extrema vulnerabilidad de la víctima y la reiteración de conductas violentas por parte del imputado.

Los hechos ocurrieron entre el 20 y el 21 de enero en un domicilio del sector Prolongación Mardones, donde una discusión originada por el consumo de alcohol derivó en una escalada de violencia que pudo haber terminado en tragedia. Según la Fiscalía, el hombre no aceptó el término de la relación y comenzó a amenazar a la mujer, pese a tener vigente una orden judicial de alejamiento dictada el año pasado.

Durante la audiencia, la fiscal Wendoline Acuña relató que, tras comunicarle su decisión de separarse, el agresor tomó una motosierra e intentó encenderla para atacarla. Al no lograrlo, y luego de un forcejeo, la persiguió por la vivienda armado con cuchillos. Horas más tarde, durante la madrugada del miércoles, el imputado regresó al domicilio, derribó la puerta a patadas y atacó directamente a la víctima, intentando asfixiarla tomándola del cuello.

La agresión se detuvo gracias a la intervención de la hermana de la mujer, quien llegó al lugar y dio aviso a las autoridades, evitando un desenlace fatal.

Un elemento central para que el tribunal ordenara la prisión preventiva fue el historial del imputado. En marzo de 2025 había sido condenado por violencia intrafamiliar, por lo que tenía estrictamente prohibido acercarse a la víctima. Al incumplir esa medida en reiteradas ocasiones, fue imputado por dos delitos de desacato, además de amenazas y lesiones menos graves.

"Estimamos pertinente solicitar la prisión preventiva por el temor fundado de la víctima y por esta escalada de violencia en un corto período de tiempo", sostuvo la fiscal Acuña, al remarcar que el desacato reiterado puede conllevar penas de hasta cinco años de prisión.

El tribunal hizo lugar al pedido del Ministerio Público Fiscal y fijó un plazo de 90 días para la investigación, considerando que la libertad del imputado representa un riesgo concreto para la seguridad de la víctima.

Fuente El Pinguino