La Justicia rechazó tratar la cautelar por el puerto de Ushuaia

En una resolución adoptada con rapidez, la Justicia Federal respondió al pedido presentado por el gobierno de Tierra del Fuego para frenar la intervención del puerto de Ushuaia dispuesta por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN). El tribunal rechazó habilitar la feria judicial, instancia solicitada por la provincia para tratar el planteo de manera urgente.

El Ejecutivo fueguino había requerido una medida cautelar para suspender la intervención, al considerar que la decisión del Gobierno nacional es inconstitucional. Sin embargo, desde el juzgado se indicó que "no se encuentran motivos que ameriten la habilitación de la feria judicial", lo que demorará el tratamiento de fondo del reclamo.

Dudas sobre la competencia del tribunal

En el mismo fallo, la Justicia puso en duda su competencia para resolver el conflicto planteado entre la provincia y el Estado nacional. Por ese motivo, solicitó a la fiscalía que se expida sobre si corresponde que el caso sea tratado en ese ámbito o si debe intervenir directamente la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Según se explicó, este paso apunta a que "la Unidad Fiscal posea más tiempo para expedirse respecto de los puntos tratados", teniendo en cuenta que las disputas por inconstitucionalidad entre gobiernos suelen dirimirse en el máximo tribunal del país.

Cuestionamientos formales al planteo provincial

La resolución judicial también incluyó observaciones formales al accionar del gobierno fueguino. Por un lado, pidió que se determine si el gobernador puede presentarse ante el Juzgado, cuando esa representación debería recaer en la Fiscalía de Estado de la provincia.

Además, se exigió al apoderado legal de Tierra del Fuego, Emiliano Fossato, que gestione la matrícula federal necesaria para actuar ante la Justicia Federal, ya que actualmente no cumple con ese requisito. Fossato había firmado el pedido de cautelar y ratificado una denuncia por la presunta "violación del convenio que cedió la Nación a la provincia y la falta de rendición de cuentas sobre los recursos" tras la intervención.

La medida de intervención fue dispuesta por la ANPYN el pasado 22 de enero, mediante la Resolución 4/2026 publicada en el Boletín Oficial, donde se mencionaron supuestas irregularidades financieras y deficiencias de infraestructura.

El rechazo de Melella a la intervención

Desde el inicio, el gobernador Gustavo Melella cuestionó la decisión del Gobierno nacional y confirmó públicamente la presentación de la cautelar. "Estamos dando cada paso necesario, en el plano judicial y político, para defender la gestión provincial de un puerto estratégico, la autonomía de Tierra del Fuego y el trabajo de quienes todos los días sostienen su funcionamiento", afirmó.

El mandatario también deslizó posibles intereses detrás de la medida y habló de una eventual "entrega de soberanía" a una "potencia extranjera", en referencia al reciente paso de un avión del Ministerio de Defensa de Estados Unidos por la provincia sin previo aviso. Asimismo, mencionó la existencia de intereses económicos privados que "siempre han deseado quedarse con el puerto como si fuera un botín".