Millonario robo de ganado sacude la estepa fueguina chilena
En el sur de Chile, la justicia imputó a una empresaria ganadera y un trabajador por su presunta participación en un millonario robo de ganado que afectó al menos a seis estancias fueguinas. La pesquisa, reconstruyó un modus operandi coordinado con cortes de cercos, adulteración de marcas y faenamientos clandestinos, generando pérdidas superiores a 80 millones de pesos chilenos para una de las víctimas.
La Fiscalía de Análisis Criminal y Focos Investigativos (SACFI) lidera la causa por robo de ganado que inicialmente surgió a partir de denuncias aisladas de estancieros en 2023, hasta transformarse en una investigación compleja por abigeato. El caso involucra a una empresaria vinculada al rubro ganadero y a uno de sus trabajadores por su presunta participación en la sustracción de animales de diversas propiedades rurales de la zona austral.
Según los antecedentes presentados ante el Juzgado de Garantía de Porvenir, los imputados no actuaron al azar, sino que habrían implementado un patrón de conducta coordinado para sustraer ganado ovino y bovino. Entre las maniobras detectadas por la investigación figuran: cortes intencionales en alambrados para facilitar el arreo de animales entre campos, alteración de marcas y contramarcas para ocultar su origen, y coordinación mediante mensajes telefónicos para dirigir el ganado ajeno hacia su propiedad. Incluso se acreditó el uso de perros para presionar a los animales hacia puntos específicos.
Impacto económico y medidas judiciales
Solo para la Sociedad Agrícola Teraike S.A., una de las estancias afectadas, el daño patrimonial supera los 80 millones de pesos chilenos, cifra que representa un impacto significativo para la economía rural en la zona patagónica. La querella, representada por el abogado Gonzalo Aranda Harambour, sostuvo que los registros sanitarios y de esquila permiten dimensionar que se trató de un plan organizado y deliberado.
Frente a esta situación, el tribunal dictó medidas cautelares: la empresaria quedó con arresto domiciliario nocturno, mientras que el trabajador enfrenta cautelares menores. La investigación tiene un plazo de 120 días para su cierre, período durante el cual se profundizarán análisis y posibles nuevos imputados.
La Asociación de Ganaderos de Magallanes (Asogama) repudió el hecho y adelantó que se sumará a las acciones legales, destacando que este tipo de delitos no solo golpea la rentabilidad del sector, sino que también pone en riesgo la seguridad sanitaria al introducir carne faenada clandestinamente en la cadena de comercialización (Fuente: El Pingüino/El Diario Nuevo Día).

