Caleta Olivia: "Rodados convertidos en chatarra que ponen en relieve la chatarra de la política"

«El Intendente eludió la venta mediante remate público de vehículos no alcanzados por el programa nacional PRONACOM, que solo tiene injerencia sobre vehículos depositados en el corralón por orden judicial, y por contratación directa», publicó en su red social de facebook, Juan Balois Pardo.
viernes, 16 de abril de 2021 · 08:49

«Cacho» Pardo sostuvo además que el intendente Fernando Cotillo «vendió los deteriorados vehículos abandonados por muchos años en el corralón municipal. Pese a que la Ley Provincial 2646 establece un procedimiento específico para llegar a la subasta con amplia difusión, un martillero y un escribano».

«La municipalidad se puso de acuerdo con un empresario local que retiró del basural local los rodados. Mientras el Escribano Cotillo declaró en la nota que le realizó Canal 2 que el convenio con la empresa fue celebrado hace tiempo y aprobado por el Concejo Deliberante, los Concejales Murúa y Bazán manifestaron a los medios su desconocimiento sobre el tema y el cuerpo a pleno, mediante votación unánime, pidió por Resolución al Jefe Comunal que aclare y brinde detalles del convenio y del procedimiento ejecutado, ratificando lo manifestado por los concejales de la oposición quienes afirmaron que el Concejo no autorizó esa contratación directa y no tuvo intervención alguna en la venta que esquivó los marcos normativos vigentes que establecen sistemas transparentes».

Señaló además que «también se percibe una contradicción entre el Intendente y su Secretario de Servicios, quien declaró que el convenio se firmó hace un mes. Mientras el predio luce ahora más prolijo, en contraposición, luego de la turbia venta de la chatarra, la calidad institucional se torna, escándalo tras escándalo, cada vez más degradada, en esta ocasión podríamos referirnos a «la política achatarrada».

En tanto, en el programa «El último que apague la luz», que conduce Ricardo Duarte por FM San Jorge, Pardo señaló que para «el desguace de un vehículo en un corralón se debe realizar bien el procedimiento para que después se pueda dar de baja al dominio registrado en el Registro de la Propiedad Automotor», dijo y consideró que si los vehículos fueron compactados con autopartes se perdió la oportunidad que sea más redituable para el municipio.

«Un vehículo entero se vende mucho más que 1300 pesos de un auto compactado. Las autopartes rinden mucho más dinero para el erario público. Habría que ver en las actas todos los vehículos que fueron compactados. Además no se pueden poner en venta vehículos judicializados, si es que no hay una expresa orden judicial. Y en el corralón había autos judicializados», señaló.

En la entrevista sostuvo además que se violó completamente la Ley 2646 sobre corralones, sancionada en el 2003. Y precisamente el autor del proyecto, fue «Cacho» Pardo, cuando fue diputado provincial.

«Esa es una ley de mi autoría, presentamos el proyecto y trabajamos arduamente en las comisiones, fue sancionada y lleva la firma de Judith Forstmann y como presidente de la Cámara de Diputados, el «Chango» Icazuriaga. Esa Ley está promulgada y vigente», aclaró.

Sobre la violación de la Ley 2646 que estaría infringiendo el municipio de Caleta Olivia, consideró que «la ley intentó resolver un problemas en corralones que se da desde hace varias décadas en todos los municipios del país. Y tienen que ver con los autos abandonados en los corralones municipales y hay propietarios que pierden el interés o no les conviene pagar las multas».

«Por eso queda ahí y la mayoría son autos secuestrados por el municipio a través del área de Tránsito y otros, que son enviados al corralón por disposiciones judiciales. Esta ley que generamos no alcanza a los autos por disposición judicial. Eso quedó excluido. Y hay que aclarar que un automóvil no es un mueble, es un bien registrable y por eso está el Registro Nacional de la Propiedad Automotor y por eso tiene un tratamiento especial, lo que tiene que ver con bienes registrables», dijo.

Agregó que «la ley dispone la venta por remate público, sin tener que hacerlo por el engorroso camino de la ejecución fiscal, que es un juicio. Por eso la ley, le permite a los municipios y comisiones de fomento cumpliendo con todas las exigencias de este procedimiento normado para poder llegar hasta la venta mediante subasta o remate público».

Aseveró además que si no se realizaron las gestiones como corresponde «los concejales deben analizar seriamente la posibilidad de existencia de al menos, de omisión de los deberes de funcionario público. Acá hay que evitar los negocios de manera directa».
Finalmente indicó que «esperamos que todo se haya hecho de manera acorde a lo normado por la Ley 2646, aunque hay indicios que me hacen estar poco alentado para que esto sea así, porque dos concejales dijeron que no sabían nada de ese contrato firmado entre la comuna y la empresa contratada directamente. Vamos a esperar como se desencadenan los hechos».

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