Procesaron a los técnicos y mecánicos de la aeronave que se estrelló en el aeropuerto de Río Grande en 2022

La resolución la adoptó la jueza federal Mariel Borruto respecto de la tragedia aérea del pasado 1 de julio de 2022 en el aeropuerto de Río Grande donde perdieron la vida; el piloto Claudio Daniel Canelo, el copiloto Héctor Andrés Vittore, el médico Diego Ciolfi, y la enfermera Denisse Torres García, estando la familia de esta última como querellante en la causa a través del abogado local Francisco Ibarra.

Esta tripulación había realizado el viaje de regreso de una derivación sanitaria trayendo desde Buenos Aires a una familia riograndense, y cuando despegaron para retornar al aeropuerto de San Fernando; la aeronave viró hacia su izquierda tornándose incontrolado y precipitándose a tierra en una explosión e incendio.

La aeronave pertenecía a la empresa Flying América y el mantenimiento de la misma estaba a cargo de la firma Air Delta, en cuyos talleres se realizaba la revisión de todos los sistemas.

Las pericias determinaron que en esos controles no se colocó un clip que trababa los cables que iban del comando a los alerones, los cuales se fueron desprendiendo con el correr de las horas vuelo, hasta el trágico final en Río Grande donde los alerones no respondieron al mando. Los cables se habían desprendido totalmente a causa de la falta de ese clip.

Un detalle es que el protocolo de mantenimiento del fabricante de la aeronave también obviaba ese paso, por lo que la misma Justicia y la ANAC enviaron recomendaciones a fin de tomar en cuenta este detalle vital.

Seis procesamientos y seis absoluciones

Más allá de esto último, la jueza federal consideró negligente el actuar de los responsables del mantenimiento, y ordenó el procesamiento del Representante Técnico del Taller Air Delta, Rubén Barboza, el Inspector del Taller, Dino Sánchez, y los mecánicos Javier Gustavo Galera, Miguel Alberto Velárdez, y Leonardo Echeverría. Asimismo también procesó al gerente de la empresa Air Delta, Daniel Jablonski, al considerar que como "máxima autoridad de gestión", Jablonski "no garantizó que el sistema organizacional de calidad y de seguridad operacional funcionara en forma efectiva, omitiendo el deber de cuidado".

Asimismo la Justicia trabó embargos preventivos sobre cada uno de los imputados por 100 millones de pesos.

Los seis procesados son acusados del delito de "desastre aéreo culposo agravado por el fallecimiento de cuatro personas". Se trata de una figura que condena la negligencia que pone en peligro la seguridad de los medios de transporte. El agravante por la pérdida de vidas puede llevar la expectativa de pena por este delito de 10 a 25 años de prisión.

El pronunciamiento finalmente sobresee a cuatro técnicos del taller así como a la empresa Air Delta encargada del mantenimiento y la empresa de la aeronave Flying América, ya que no puede perseguirse penalmente a una persona jurídica o empresa. Sí las empresas siguen siendo pasibles del juicio civil por reparación económica que ya han iniciado las familias de las víctimas en esta tragedia.

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