Sextorsión en Cholila: pagó $2 millones y hubo allanamientos

La investigación comenzó en la localidad chubutense de Cholila, donde un hombre denunció haber sido víctima de una extorsión bajo la modalidad conocida como "sextorsión". El caso fue radicado ante el Ministerio Público Fiscal de Lago Puelo, a cargo del Dr. Carlos Díaz Mayer.

Según la pesquisa, la víctima fue contactada por Facebook por una mujer que se identificó como "Carla", quien luego continuó la conversación por WhatsApp. Tras intercambiar mensajes e imágenes, la supuesta joven aseguró ser menor de edad y cortó el contacto de manera abrupta.

Días después, un hombre que dijo ser su padre comenzó a exigirle dinero bajo la amenaza de denunciarlo penalmente. Argumentaba que la menor había intentado quitarse la vida y responsabilizaba al vecino por la situación.

Documentación falsa y presión constante

La maniobra escaló cuando otras personas se presentaron como abogados e incluso como un fiscal. Enviaron documentación apócrifa, entre ella un supuesto amparo por "ciberacoso" y hasta un acta de defunción que afirmaba que la joven se había suicidado.

Ante las reiteradas presiones y el temor a enfrentar una causa judicial, el hombre realizó transferencias que alcanzaron los 2 millones de pesos.

A partir del análisis de los movimientos bancarios, los investigadores reconstruyeron la ruta del dinero y detectaron que los fondos eran derivados a allegados de un interno alojado en el Complejo Penitenciario de Alojamiento Permanente Almafuerte, en Luján de Cuyo, Mendoza.

Allanamientos en cárcel y vivienda

La Policía Federal Argentina, a través de la División Unidad Operativa Federal Esquel, llevó adelante allanamientos tanto en el penal Almafuerte como en una vivienda del barrio La Gloria, en Godoy Cruz.

Los procedimientos permitieron el secuestro de teléfonos celulares y soportes informáticos que serán peritados para profundizar la investigación. Los elementos quedaron a disposición del magistrado interviniente.

Desde la fuerza destacaron que el operativo se enmarca en las políticas del Ministerio de Seguridad Nacional para combatir el delito complejo y las estafas virtuales, una modalidad que crece en todo el país y que suele tener como base operativa unidades penitenciarias.

El caso expone nuevamente cómo las bandas aprovechan redes sociales y aplicaciones de mensajería para concretar maniobras de extorsión que pueden generar graves consecuencias económicas y emocionales en las víctimas.