Trabajadores denuncian que la nueva ART anunciada por Torres deja sin cobertura laboral a miles

El gobierno provincial de Chubut impulsó recientemente una reforma al sistema de Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART), presentándola como una mejora financiera para la provincia y una solución para la protección laboral de los trabajadores. Sin embargo, un informe exclusivo de medios locales advierte que lo que se vendió como una política de seguridad laboral implicaría, en los hechos, la eliminación o debilitamiento de coberturas para empleados.

Según trabajadores y fuentes consultadas, el esquema de la nueva ART no contempla realmente la cobertura prometida a los asegurados, lo que implicaría que muchos quedarían sin respaldo frente a accidentes laborales o enfermedades profesionales.

Lobby empresarial y el rol del "grupo Varadero"

El informe acusa a una empresa identificada como "grupo Varadero" de tener una influencia central detrás del nuevo sistema ART, actuando como entidad lobbista. Se dice que este grupo estaría obteniendo privilegios en la asignación de contratos para administrar o participar en las nuevas ART, lo que generaría un conflicto de interés.

Siguiendo la línea de investigación, queda planteado que la medida beneficiaría financieramente al sector privado más que al trabajador, debido a una reducción de costos para la provincia y una posible caída en las obligaciones de cobertura.

Reacciones y denuncias de trabajadores

Empleados afectados por la medida señalan que nunca recibieron la documentación que respalde los cambios, ni garantías de que estarán protegidos ante riesgos laborales. Algunos afirman que la ART prometida "no existe en los papeles operativos".

El escándalo se ha acrecentado por declaraciones públicas del gobernador Torres, quien anunció la medida con bombos y platillos, asegurando que la provincia saldrá beneficiada. Pero los críticos advierten que la promesa no se traduce aún en acciones concretas ni en reglamentaciones visibles.

Riesgos institucionales y legales

Más allá del impacto para los trabajadores, la denuncia pone en cuestión la transparencia del gobierno provincial. Se apunta que la reforma se está haciendo sin consulta amplia ni participación de sindicatos laborales, lo que podría generar demandas judiciales o medidas cautelares.

También se menciona que declarar como deficitaria la ART anterior sin aclarar las responsabilidades de su administración anterior, y la transición hacia el nuevo esquema, deja abierta la puerta a irregularidades: desde cláusulas poco claras, hasta protección insuficiente frente a accidentes. (Nuevo Día)