Tras las denuncias del gobierno provincia, la justicia investiga obras no registradas en Servicios Públicos
Luego de la presentación judicial realizada por el directorio de Servicios Públicos tras los señalamientos de desmanejos y corrupción en el seno interno de la empresa en Caleta Olivia que incluyó la palabra del gobernador Vidal, el Juzgado Número 2 a cargo del doctor Gabriel Contreras, junto a ejecutivos de la empresa recorrieron obras en el Barrio Industrial en un predio inconcluso del cual hay cañerías no registradas.
En el marco de las denuncias por irregularidades detectadas en Servicios Públicos Sociedad del Estado (SPSE) vinculadas principalmente a la comercialización de agua potable e impulsadas por el gobernador Claudio Vidal, la justicia ordenó investigar una obra de tendido de cañerías, la cual no estaba formalmente asentada en los registros de la gerencia distrital Caleta Olivia.
La instancia fue ordenada este jueves por el Juzgado de Instrucción Penal Nº 2, a cargo del dr. Gabriel Contreras, sobre el cual recayó la causa originada por la denuncia que ayer presentara el nuevo gerente distrital Alejandro Mamaní, junto al gerente de administración del directorio provincial, Pablo Gordillo.
De esta manera, a mediodía de hoy personal policial de la División Criminalística, como así también Mamani y el propio magistrado, acudieron hasta una cisterna que tiene una capacidad de almacenamiento de 4 millones de litros de agua y está ubicada en el barrio Industrial.
Lo llamativo de este caso es que ese enorme reservorio emplazado en inmediaciones de un complejo deportivo del gremio de los petroleros jerárquicos, fue construido mediante una excavación del terreno hace más de dos décadas y nunca estuvo en funcionamiento.
Pero lo que la justicia ordenó investigar -en principio mediante una inspección técnica y fotográfica- es el tendido de cañerías que parten de la cisterna y de las cuales no hay una constancia formal de su ejecución en la gerencia local de SPSE.
Es decir que no se sabe si esta obra fue ordenada por gestiones pasadas de la empresa y solventada con fondos provinciales o bien se contó con el aporte de privados a cambio de favorecer a particulares que ahora estarían reclamando no contar con el servicio de agua potable.
Tanto en el ámbito judicial como en SPSE por ahora hay un fuerte hermetismo en torno a esta investigación, aunque las fuentes consultadas por El Patagónico aseguraron que este caso forma parte del escándalo por irregularidades que motivaron sumarios y la separación de sus cargos a nueve integrantes del cuerpo jerárquico de SPSE. (El Patagónico)
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