FUE DENUNCIADA

Una empleada del Registro Civil le cobró por Mercado Pago a una pareja que tramitaba su casamiento

Una empleada del Registro Civil de Neuquén fue imputada por cobrar indebidamente $90 mil a una pareja que tramitaba su casamiento. Según la acusación fiscal, la mujer abusó de su función pública al exigir el pago bajo el pretexto de un "sellado adicional", y se hizo transferir el dinero directamente a su cuenta de Mercado Pago. Además, alteró datos del acta matrimonial. La Justicia provincial investiga los hechos bajo los delitos de exacciones ilegales agravadas y falsedad ideológica.

Redacción Nuevo Día
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El caso salió a la luz luego de que una pareja recién casada denunciara una irregularidad en el trámite de matrimonio. De acuerdo con la investigación del Ministerio Público Fiscal (MPF), la empleada aprovechó la urgencia de los contrayentes para solicitarles una "contribución" de $90 mil, alegando que el monto abonado en concepto de sellado "no correspondía al trámite de casamiento".

El dinero fue transferido el 6 de enero de 2025 directamente a su cuenta personal de Mercado Pago, sin intervención del Registro Civil ni emisión de comprobante oficial. 

Alteraciones en el acta de matrimonio

Días después, el 11 de enero, la misma empleada volvió a incumplir sus deberes al omitir información obligatoria en el acta matrimonial. Según la fiscalía, no consignó que la ceremonia se realizó a domicilio, ni registró los nombres de los cuatro testigos que exige la normativa vigente.

El asistente letrado Facundo Bernat fue el encargado de formular los cargos y calificó los hechos como exacciones ilegales agravadas y falsedad ideológica, en concurso real y en carácter de autora, de acuerdo con los artículos 266, 268, 293, 45 y 55 del Código Penal

La investigación judicial

La audiencia de formulación de cargos se realizó en la Ciudad Judicial de Neuquén, donde la jueza de garantías Carina Álvarez tuvo por acreditados los delitos y fijó un plazo de investigación de tres meses.

Si bien el MPF había solicitado un plazo de dos meses, la defensa de la acusada pidió extenderlo considerando la próxima feria judicial y la necesidad de realizar pericias contables y documentales.

La causa se mantiene en etapa investigativa y podría derivar en un proceso penal si se confirma la apropiación indebida del dinero y la alteración de documentos públicos.(LMN)

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