Vecinos de El Chaltén llevan a la Corte Suprema reclamo contra la apertura de un camino en el boque nativo

Personas que viven y trabajan en El Chaltén, en carácter de amparistas, presentaron un recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el marco de una causa iniciada contra la Administración de Parques Nacionales (APN). El planteo judicial apunta contra desmontes y la apertura de un camino vehicular en el valle del Río Eléctrico, dentro del Parque Nacional Los Glaciares.

La acción busca que el máximo tribunal del país revise el fallo de la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia, que revocó una sentencia previa favorable del Juzgado Federal de Río Gallegos. Aquella resolución había ordenado suspender las obras hasta contar con las autorizaciones ambientales correspondientes y los estudios de impacto ambiental exigidos por la legislación vigente.

Desmontes en una zona de alta conservación

El conflicto se originó el 12 de marzo de 2025, cuando se detectaron movimientos de suelo, tala y desmonte de bosque nativo mediante maquinaria pesada en una zona protegida, sin evaluación de impacto ambiental previa ni instancias de participación ciudadana.

Según detallaron las y los vecinos, el área afectada forma parte de una Reserva Natural Silvestre, está catalogada como de alta conservación por la Ley de Bosques Nativos y se encuentra dentro de un sitio declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO. En ese contexto, advirtieron que la continuidad de las obras implica "un riesgo cierto de daño ambiental irreparable".

Cuestionamientos al fallo y reclamo colectivo

En el recurso presentado ante la Corte, los actores sostienen que la sentencia de la Cámara incurre en arbitrariedad, omite analizar la cuestión federal ambiental y vulnera normas de jerarquía constitucional, como el artículo 41 de la Constitución Nacional, la Ley General del Ambiente, la Ley de Bosques, el Acuerdo de Escazú y tratados internacionales de derechos humanos.

"El tribunal rechazó el recurso con argumentos genéricos y dogmáticos, sin dar respuesta a los agravios federales planteados, afectando el derecho a la tutela judicial efectiva y al acceso a la justicia ambiental", señalaron en la presentación judicial. Además, remarcaron que el financiamiento de la causa fue posible gracias a aportes solidarios de la comunidad.