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El fiscal Gerardo Pollicita pidió una serie de medidas para evaluar los bienes del actual jefe de Gabinete y avanzar en lo que respecta a la acusación mencionada.

La querella mayoritaria aseguró que esta instancia "resulta clave y decisiva" para el esclarecimiento de las responsabilidades penales en el caso.

Distintos tribunales laborales del país ya declararon en cinco oportunidades la inconstitucionalidad del artículo 55 de la reforma laboral al considerar que afecta derechos constitucionales básicos, especialmente en materia de actualización de indemnizaciones y acceso igualitario a la Justicia.

El ex Ministro de Planificación Federal reseñó sus problemas de salud y reiteró su pedido de prisión domiciliaria para no morir en la cárcel.

El Tribunal del Trabajo N.º 3 de La Plata declaró la inconstitucionalidad del artículo 55 de la ley 27.802, una de las normas incorporadas recientemente en el marco de la reforma laboral, al considerar que afecta derechos de los trabajadores previstos en los artículos 14 bis, 16 y 17 de la Constitución Nacional. El trabajador denunciante deberá ser indemnizado bajo las condiciones de la ley anterior.

Familiares de los damnificados alertaron a la policía sobre presuntas maniobras fraudulentas que permitieron a terceros ingresar y permanecer en los inmuebles. La Justicia de Chubut interviene para esclarecer los hechos.

Fiscales pidieron decomisar 141 inmuebles y bienes a Cristina Kirchner y Lázaro Báez por $684.990 millones.

La Asociación de Profesionales y Técnicos del Hospital Garrahan (APyT) solicitó ante la Justicia la suspensión y nulidad de los sumarios administrativos iniciados contra 40 trabajadores y trabajadoras del hospital. Denunciaron "violación al principio de inocencia", "afectación del derecho de defensa", "falta de imparcialidad" y "persecución sindical", tras publicaciones realizadas por el Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y por la propia institución mientras el proceso se encuentra en trámite.

Una familia quedó varada 10 horas en la Ruta 2 y la Justicia ordenó una indemnización de $10 millones contra una aseguradora y una grúa.

El gobierno de Santa Cruz, encabezado por Claudio Vidal, llevó a la Corte Suprema de la Nación el conflicto por la ampliación del Tribunal Superior de Justicia, luego de que el kirchnerismo judicial declarara inconstitucional la ley votada por la Legislatura, anulara las designaciones y desplazara al presidente del TSJ que tomó juramento a los nuevos jueces, en un escenario de fuerte tensión institucional y acusaciones de violación a la división de poderes.

La Justicia Federal rechazó habilitar la feria para tratar la cautelar de Tierra del Fuego contra la intervención nacional del puerto de Ushuaia.

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) Santa Cruz repudió un incremento salarial que atribuye a jueces del Tribunal Superior de Justicia. El gremio cuestionó el mecanismo de actualización, el monto de los sueldos y reclamó que no se financien esas partidas con recursos públicos.

La ex secretaria general del gremio de Judiciales de Santa Cruz, Alejandra Beroiz, negó de manera categórica haber sido autora del proyecto de ampliación del Tribunal Superior de Justicia. A través de una declaración pública, cuestionó a la actual conducción sindical, denunció una crisis de credibilidad interna y reclamó retomar el debate democrático dentro del gremio.

Los abogados habían solicitado la domiciliaria basándose en la edad del ex ministro, que supera los 70 años.

El juez federal Ricardo Basilíco había rechazado otorgarle el beneficio.

La decisión fue adoptada por el Juzgado Contencioso Administrativo Federal 11 a cargo del juez Martín Cormick, tras una acción de amparo.

La Justicia federal revocó un fallo de primera instancia al considerar que la autoridad monetaria vulneró los principios de transparencia al no divulgar la información solicitada.

El monto fue transferido por parte del Tribunal, a cargo de Néstor Costabel, tras la orden de avanzar con el decomiso de los bienes hasta cubrir más de 60 millones de dólares.

Había sido denunciado por su ex mujer por supuestos abusos sexuales al hijo de ambos en El Chaltén. Aunque dos cámaras Gesell e informes de peritos indicaron que no había rastros de abusos, el caso llegó a un juicio oral. La fiscalía no pudo sostener la acusación por la notable falta de pruebas. Durante todos esos años el padre tuvo prohibido vincularse con el niño.

La Justicia rechazó el pedido de prescripción del homicidio de Eva Azulina Falcón ocurrido en el año 2000. El Tribunal de Juicio resolvió que Ramón Ángel Abregú deberá cumplir la condena de 20 años de prisión. El acusado había estado prófugo por más de dos décadas.

Revelan vínculos entre los imputados y los hermanos Emmanuel, Jonathan y Eduardo Kovalivker.