Corrupción en Santa Cruz

Cristina Kirchner y otros ocho condenados por el caso Vialidad, que expuso una maniobra de corrupción en obras públicas de Santa Cruz, incumplieron el pago del decomiso de U$S 537 millones impuesto por el Tribunal Oral Federal 2. El juez Jorge Gorini podrá iniciar la ejecución de bienes embargados para cubrir la cifra.

Lázaro Báez, empresario vinculado al caso Vialidad, concentra en Santa Cruz la mayor parte de su patrimonio, con 238 propiedades y más de 250.000 hectáreas en su poder. La Justicia ordenó que él y otros condenados devuelvan $684.990 millones antes del 13 de agosto, reactivando el proceso de recuperación de bienes.

La Justicia intimó a Cristina Kirchner a pagar $684.000 millones tras su condena por corrupción en la causa Vialidad. Si no cumple, podrían ser embargados y rematados bienes clave en Santa Cruz, incluyendo propiedades, cuentas y sociedades familiares. El foco está puesto en 24 inmuebles y activos que la exmandataria aún mantiene en la provincia.

En el marco de la causa Vialidad, que investigó el direccionamiento de la obra pública nacional en la provincia de Santa Cruz, peritos de la Corte Suprema actualizaron el monto del perjuicio al Estado. La cifra asciende a casi $685 mil millones, que deberán devolver solidariamente los condenados, entre ellos la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y el empresario Lázaro Báez.

En diálogo con La Otra Gestión, por Radio Nuevo Día 100.9, el concejal Ignacio Moreno Hueyo amplió detalles de la denuncia penal que presentó contra el intendente Néstor Ticó. Acusó al jefe comunal de incompatibilidad de funciones, explotación ilegal de una cantera municipal y direccionamiento de contratos. Señaló, además, el rol encubridor de otros concejales y anticipó que podrían surgir nuevas pruebas.

El ex secretario de Obras Públicas, José López, condenado por corrupción en la causa Vialidad, se presentó este lunes en Comodoro Py para quedar detenido. Solicitó cumplir su condena de seis años bajo prisión domiciliaria en su vivienda de Río Gallegos. El Tribunal ahora deberá decidir si acepta el pedido o lo envía a una unidad penitenciaria.

Luego del fallo de la Corte Suprema que confirmó la condena contra Cristina Kirchner por la causa Vialidad, la Justicia avanza en la ejecución de bienes de la expresidenta y del empresario Lázaro Báez. Entre los patrimonios afectados hay propiedades y empresas radicadas en Santa Cruz, donde tuvo origen el esquema de corrupción investigado.

En un nuevo capítulo de la causa que investiga presuntas irregularidades en la obra pública de Santa Cruz, el fiscal Mario Villar presentará la semana próxima un recurso de queja ante la Corte Suprema. Busca que a la exvicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner se le sume el delito de asociación ilícita y se eleve su condena a 12 años de prisión.

La Cámara de Diputados de Santa Cruz aprobó por unanimidad la insistencia en la reforma del Artículo 75 del Código Procesal Penal, permitiendo que cualquier ciudadano pueda ser parte querellante en causas de corrupción y delitos ambientales. La iniciativa había sido vetada por el Poder Ejecutivo, pero finalmente avanzó con respaldo legislativo. Para el diputado Pedro Muñoz, esta medida marca "un hecho histórico" en la provincia.

El fiscal Mario Villar rechazó el recurso de apelación presentado por Cristina Kirchner en el marco del Caso Vialidad, lo que allana el camino para que la Corte Suprema de Justicia de la Nación tome una decisión definitiva sobre su condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. El fallo, que podría sentar un precedente clave en causas de corrupción, se espera en los próximos meses.

El vicegobernador de Santa Cruz, Fabián Leguizamón, criticó la falta de avances en las denuncias por corrupción presentadas contra la gestión de Alicia Kirchner. En una entrevista con La Otra Gestión, programa de Radio Nuevo Día, aseguró que la justicia provincial "no funciona" cuando se trata de investigar al kirchnerismo y adelantó que el gobierno analiza recurrir a la Corte Suprema.

El Tribunal Oral Federal 7 condenó a tres años de prisión, en suspenso, a Nélida Caballero, la cocinera del ex ministro de Planificación Julio De Vido, acusada de lavado de dinero.

Fue el máximo responsable de la obra pública durante el kirchnerismo 12 años, pero sus abogados lograron mantenerlo "alejado" de la operatoria corrupta; la fiscalía intentará hacer caer su absolución.

Ricardo Stoddart, exdirector de Asuntos Jurídicos de Vialidad Nacional, revela detalles de la auditoría que desató la Causa Vialidad, destacando la corrupción en la obra pública en Santa Cruz. Descubre los hallazgos y su impacto en la infraestructura vial del país.

La confirmación de la condena a la ex presidenta y al magnate de la obra pública en Santa Cruz y más allá por parte de la Cámara Federal de Casación, ratificó que la condena del TOF N°2 sobre la matriz de corrupción recreada por los fiscales.

Si bien la Cámara Federal de Casación Penal confirmó hoy su condena en el caso de obra pública en Santa Cruz, la ex presidenta Cristina Kirchner no irá a prisión y el año que viene podrá ser candidata en las elecciones legislativas si así lo decide.

Se trata de la denuncia que realizó el actual ministro de Trabajo, Julio Gutiérrez, contra la ex secretaria de Teodoro Camino en la gestión de Alicia Kirchner. Por ahora está detenido el conductor de una camioneta y esperan que también se libere la órden contra Romina Silva.

Ayer se realizaron allanamientos por una causa por presunto contrabando de autopartes con dinero del Estado y según el ministro de Trabajo del gobierno de Santa Cruz, hay involucrados funcionarios de la gestión anterior. Un escándalo.

Lázaro Báez desistió del pedido de continuar su prisión domiciliaria en la provincia de Santa Cruz en la causa por la llamada "ruta del dinero K" en la que está condenado a 10 años prisión.

El fiscal de la causa ratificó que en los gobiernos K "funcionó una asociación ilícita" y pidió 12 años de cárcel para Cristina Kirchner. La diputada radical dijo que la sociedad argentina necesita penas efectivas y recuperar lo robado.

En la causa abierta por los supuestos delitos cometidos, entre 2003 y 2015, en la asignación de la obra pública nacional en Santa Cruz, el Tribunal Oral Federal 2 había dispuesto una condena a seis años de prisión. La defensa sostiene que no hay pruebas directas y que los jueces actuaron de manera "arbitraria".