Al ex ministro Daniel Peralta no lo salva ni la renuncia

El proceso de investigación al ex ministro Daniel Peralta seguirá en la instancia penal. Así se informó, luego de la separación del cargo del responsable de la cartera de Salud Provincial. Hoy había comenzado el proceso de toma de declaraciones sobre los posibles delitos cometidos bajo la gestión Peralta, en el marco del pedido de Juicio Político solicitado por los diputados del Frente para la Victoria. 


 


Luego de la renuncia aceptada por el Gobernador Daniel Peralta a su homónimo titular de la cartera de Salud, diputados informaron los procesos legales que seguirán luego de la separación del cargo del funcionario, y en lo que respecta a las posibles irregularidades registradas en la administración de este servicio público, que se materializarán en una denuncia penal.


Al respecto, se indicó que realizará una denuncia ante el Juzgado de Instrucción de turno, junto con toda la información recabada por la Comisión Investigadora, que preside el caletense Alexis Quintana, a los efectos de que sea la Justicia quien continúe investigando los posibles delitos de malversación de fondos y la falta de cumplimiento a los deberes de funcionario público.


Este proceso se inicia el pasado 26 de junio, a partir de la interpelación realizada al ahora ex ministro de Salud, solicitada por Quintana, “en el marco de una pésima gestión administrativa de la salud pública, que repercutió directamente en el vecino de Santa Cruz, cristalizada en la falta de Insumos en los hospitales y de profesionales médicos, donde se buscó potenciar a la medicina privada en detrimento de la publica”, explicó el legislador, por lo que “se lo convocó, y durante 16 horas el titular de la cartera sanitaria sembró más dudas que certezas”.


Es así que “quedaron al descubierto diversas irregularidades, como la contratación directa del servicio de monitoreo de ambulancias de manera directa con una empresa cuyo titular es el propio hijo de Peralta por casi medio millón de pesos, el pago a cooperativas que ni contaban con personería jurídica o a servicios de vigilancia en hospitales, sin siquiera tener un contrato que lo posibilite”, señaló por otro lado el diputado Leonardo Álvarez, también de la bancada del Frente para la Victoria.


A partir de esta información, los legisladores resolvieron instruir a la Comisión Investigadora de la Administración Pública, dentro de la misma órbita del parlamento, para que comience a recabar información sobre estas situaciones de irregularidad, por lo que a partir de un Informe del Tribunal de Cuentas, que ratificaba estas denuncias, el diputado Rubén Contreras – presidente de la bancada del Frente para la Victoria – solicitó el Juicio Político, por considerar que “había elementos que daban cuenta que las irregularidades en el Ministerio de Salud eran moneda frecuente”, a la vez que aclaró que este informe “tenía el carácter de parcial, debido a la negación por parte de algunos directivos de los Hospitales a informar la metodología de contratación de servicios”.


Es así que posteriormente se activó la Sala Acusadora, que estaba integrada por Estela Bubola, Stella García, Sebastián Gatti, Miguel Guanes, Selsa Hernández, Claudia Martínez, Horacio Páez, Martín Paiva, Silvio Suárez y Alejandro Victoria, además de Álvarez y Contreras, quienes resolvieron por mayoría dar continuidad al proceso de pedido de Juicio Político y ordenar a la Comisión Instructora a comenzar a tomar declaraciones testimoniales, que justamente habían comenzado en horas de esta tarde.


Luego de la separación del cargo por parte del Gobernador Daniel Peralta a su funcionario, los diputados suspenderán la etapa instructora del proceso del Juicio Político, y a través de la Comisión Investigadora se procederá a continuar este proceso de investigación por la posible comisión de delitos contra el Estado, pero ante la Justicia “por lo que ahora será tarea del Poder Judicial determinar si estos hechos específicos, como la contratación directa a la empresa del hijo por medio millón de pesos, configuran el delito de malversación de fondos públicos. Nosotros, como funcionarios, vamos a poner toda nuestra investigación a disposición de la Justicia”, concluyó Quintana.


 

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