A Cristina y su hijo también los acusan por coima

Cristina Fernández, Máximo Kirchner y los empresarios patagónicos Lázaro Báez y Cristóbal López fueron imputados ayer por el delito de cohecho (popularmente conocido como coima) en la causa judicial que investiga la sociedad "Los Sauces” en la que la ex presidenta y su hijo y diputado nacional ya estaban acusados de los delitos de enriquecimiento ilícito y falsificación de documentos públicos.

La imputación le fue solicitada ayer por el fiscal Carlos Rívolo al juez federal Claudio Bonadio, en base al pedido de ampliación de la acusación y la información que le proporcionó el viernes pasado la diputada del GEN Margarita Stolbizer en un escrito con la firma de la abogada Silvina Martínez.

La semana pasada, Martínez fue alcanzada por una denuncia judicial que hizo el diputado peronista Rodolfo Taijhade (Frente para la Victoria), en una causa que investiga a funcionarios de la AFIP (Administración Federal de Ingresos Públicos) por la presunta violación de datos protegidos por secreto fiscal.

Según el diputado, la abogada Martínez podría haber brindado información a Stolbizer sobre las causas "Los Sauces” y "Hotesur” en base a "contactos” dentro del organismo recaudador.

En su denuncia inicial, Stolbizer había acusado de enriquecimiento ilícito y falsificación de  documento público a la ex jefa de Estado y a su hijo, pero en su ampliación que recogió el fiscal sumó el delito de cohecho: sostuvo en síntesis que por medio de los alquileres, los empresarios kirchneristas Báez (detenido en otra causa por supuesto lavado de dinero) y López pagaban "sumas millonarias” como sobornos a cambio de obtener la adjudicación para la construcción de obras públicas, en el caso del primero, y la evasión de impuestos, en el del segundo.

Si bien la causa está bajo secreto de sumario, trascendió ayer de fuentes judiciales que en su pedido de ampliación la diputada opositora señaló: "Vengo a acompañar documentación que da cuenta del modo irregular en el que se adjudicaba la obra pública a las empresas de Lázaro Báez y cómo en forma paralela Cristina Fernández de Kirchner recibía dinero mediante un acuerdo que tenía la apariencia de vínculo comercial, pero encubría una promesa, en su condición de funcionario público, para otorgar más obra pública y omitir todo tipo de controles por parte del Estado. Lisa y llanamente, el delito de cohecho en su expresión más burda”.

Sobre la relación con Báez, la denuncia sostiene que se trató de un total de 51 obras por un valor de más de 16 mil millones de pesos, "de las que sólo se finalizaron 24”. Una de ellas fue la construcción de la ruta provincial santacruceña 47, "la más cara del mundo”, describió Stolbizer. 

López está acusado de retener 8 mil millones de pesos que debía pagar del ITC (Impuesto a la Transferencia de Combustibles) por la venta del fluido en las estaciones de servicio Oil de su propiedad.

La imputación hecha por el fiscal tiene que ser confirmada o rechazada ahora por el juez Bonadio, al que esta semana recusó la ex presidenta y le pidió que la causa "Los Sauces” pase al juez federal Julián Ercolini, a cargo a su vez de la causa "Hotesur”.

Bonadio es el juez que procesó a la ex jefa de Estado en la causa por la venta de dólar a futuro. Por esa causa ella lo denunció por mal desempeño en su función pública ante el Consejo de la Magistratura. Ayer, ese organismo decidió impulsar esa denuncia contra Bonadio (ver aparte), extrañamente por decisión del representante del Gobierno nacional en el Consejo, Juan Mahiques.

Báez remarca su sociedad con un primo de Macri

Lázaro Báez, el empresario kirchnerista detenido en el penal de Ezeiza acusado de lavado de dinero, insistió en la Justicia con su estrategia defensiva al recordar que estuvo asociado al constructor Angelo Calcaterra, primo del presidente Mauricio Macri.

La defensa del titular de Austral Construcciones entregó en el juzgado de Sebastián Casanello las copias de un mail que recibió de la empresa de Calcaterra, Iecsa, y del convenio que ambos firmaron, el 10 de diciembre de 2012, para constituir una Unión Transitoria de Empresas (UTE).

Esa UTE planeaba participar en la licitación pública para la construcción de las represas hidroeléctricas Néstor Kirchner y Jorge Cepernic, en la provincia de Santa Cruz, finalmente adjudicadas a otro grupo empresario afín al kirchnerismo, Electroingeniería, y la estatal china Gezhouba.

Ya cuando se presentó a ampliar su declaración como imputado ante Casanello, el pasado día 5, Báez había asegurado que estuvo asociado con Calcaterra a través del Grupo ODS -supuesto controlante de Iecsa- más las firmas Sinohydro y Esuco and Chediak de cara al proyecto de las represas hidroeléctricas.

El pasado 18 de abril, Casanello procesó con prisión preventiva a Báez y a su contador, Daniel Pérez Gadín, y dictó procesamientos para el resto de los imputados: los hijos de ambos, Martín Báez y Sebastián Pérez Gadín, el asesor Fabián Rossi, el presidente de la SGI (La Rosadita) César Fernández y el titular de Top Air, Walter Zanzot.

Todavía no resolvió la situación procesal del abogado Jorge Chueco, detenido en Paraguay cuando se sospecha que intentaba fugarse sabiendo que la justicia avanzaba sobre él.