Para el gobierno no es ilegal ocupar terrenos, pero si cortar una calle, quemar cubiertas y usurpar viviendas

El gobierno aplica las leyes solo a su conveniencia. Desde hace más de un mes los terrenos lindantes al Barrio Bicentenarios fueron ocupados ilegalmente, y el gobierno no solo no los denunció sino que además fueron promovidos y legitimados. 


 


 


El jefe de Gabinete Ariel Ivovich, informó ayer en conferencia de prensa, que denunciarán a las personas que reclaman el otorgamiento de viviendas  afuera de Casa de Gobierno mediante la quema de cubierta e impidiendo el tránsito. Los argumentos son por demás valederos: no hay viviendas para entregar y el reclamo- aunque parezca repetitivito-, con el humo de las cubiertas  intoxica, peto además se complica el transito. 


Las leyes también se aplicarán para quienes usurparon viviendas en  Rio Gallegos  y otros puntos de la provincia, como sucedió en 28 de Noviembre.  El presidente de IDUV, Norberto Bravo, adelantó que seguirán “todas las acciones en el marco legal provincial” hacia los usurpadores, e incluso adelanto que se busca  despejar quien usurpa y quien ocupa la casa que se  le preadjudicó por miedo a que se la usurpen. 


Pero el brazo de la ley se quedó corto y no llegó a las más de 600 hectáreas lindantes al Barrio Bicentenario  en Río Gallegos, que son ocupadas desde hace por lo menos un mes. El gobierno no provincial no solo no denunció la ocupación ilegal y demarcación de tierras que llega a cientos de  lotes, sino que además las avaló bajo la premisa de una necesidad- que bien es innegable la demanda- no justifica la ilegalidad de tomar por propia  un pedazo de tierra.  


La legitimación de la ocupación llegó a tal punto, que el Colegio de Técnicos y Profesionales, recibe esta semana a “jefes de manzana” –según publico el diario TiempoSur- para informarles y explicarles como la provincia urbanizará este  sector.  No existe una diferencia entre quien no ocupo y quien ocupo terrenos y basados en una interna con la municipalidad de Río Gallegos  solo  para demostrar que a diferencia de la municipalidad, se soluciona el problema de demanda.  


La subsecretaria de Planeamiento  estima que dentro de pocas semanas entregaran a cada uno sus terrenos – de 12,5 x 25 metros- a quien con estacas  delimitaron lo que aún no es suyo, peor que será de su propiedad una vez culminado los formularios. 


En una provincia en donde el Estado no garantiza la propiedad  y promueve la ilegalidad a su conveniencia,  corre el peligro de convertirse  en tierra de nadie.  (El Diario Nuevo Día).  


 

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