“La interrupción de clases nos exige adoptar medidas estratégicas”

En comunicado de prensa del Consejo Provincial de Educación,  Roberto Borselli ,  el presidente  Roberto Borselli dio detalles del Programa de Acción que implementará la cartera educativa para asegurar la compensación de los días de clases perdidos y afirmó que “la interrupción de clases nos exige adoptar medidas estratégicas para garantiza los aprendizajes con calidad”. 
En este sentido, el presidente del CPE se mostró muy preocupado ante la situación de persistencia de la interrupción de las clases por motivos tales como la ocupación de escuelas por parte de alumnos y/padres o la adhesión a medidas de fuerza por parte de docentes y aseguró que esto “significará profundizar las medidas que se pensaban para garantizar la compensación correspondiente y la recuperación de los contenidos”.
Asimismo, el titular de la cartera educativa caracterizó la situación provincial y señaló que “la interrupción de clases es desigual” ya que en algunas localidades “el paro fue de muy bajo acatamiento y muy diverso en cuanto a los niveles y modalidades” y destacó que “las medidas deben pensarse en ese contexto”.
Al respeto, subrayó que el Programa de Acción que se debe implementar para asegurar la compensación correspondiente a cada día de clases perdido, “debe tener por sobre todas las cosas en cuenta los aprendizajes con calidad de los alumnos y su trayectoria escolar”.
Y agregó: “Debemos pensar concretamente en el contexto de cada institución y en la reformulación de contenidos y estrategias que apunten a una compensación real por la situación de esta suspensión de clases”.
Algunas de las medidas que el CPE plantea estarán centradas en el aprendizaje de los alumnos y sus trayectorias escolares. “Por ello, son medidas generales que deben ser contextualizadas en cada institución, partiendo de la situación real de pérdida de clases y recreadas con el aporte de todos los actores que intervienen en un establecimiento educacional”.

Las medidas
En cuanto a las medidas concretas el funcionario detalló que los establecimientos deberán presentar, a través de la Dirección Provincial de Nivel o Modalidad correspondiente, un cronograma de compensación de clases, conforme a los criterios establecidos por el artículo 3º de la Ley 25.864.
Asimismo, el CPE elaboró un Programa de Acción que contiene las siguientes medidas: continuar fortaleciendo la alianza estratégica con las Organizaciones de la Sociedad civil a través del Proyecto “La escuela y las redes sociales” que ofrecieron durante todo este tiempo apoyo escolar gratuito; fortalecer a los Centros de Actividades Infantiles (CAI) y los Colegios Abiertos (CABI) para promover mayor participación de los niños y jóvenes, redireccionando las ofertas de talleres para promover mayores aprendizajes; reforzar la promoción social de la lectura con la entrega de libros para los alumnos con guías orientadoras para la lectura compartida entre niños/jóvenes y las familias; impresión de cartillas y guías para aprender con las familias; y con recomendaciones para mirar la programación de los canales educativos Encuentro y Paka Paka.
En cuanto a la especial atención que se tendrá con algunos alumnos de diferentes años de la educación obligatoria se pensaron las siguientes estrategias: para los alumnos de Primer Grado de la Escuela Primaria en el marco del Proyecto de Fortalecimiento de las Prácticas Profesionales, que seguramente será enriquecida con los aportes de los docentes de cada escuela; se hará necesario re direccionar todos los programas, planes y proyectos que se están ejecutando priorizando el fortalecimiento del salón de clases; y para los alumnos del último año de la escuela secundaria se organizarán talleres los días sábados con carácter optativo, destinados a afianzar los contenidos básicos necesarios para la continuidad de estudios de Educación Superior.

Las instituciones educativas
Por su parte, las instituciones educativas “deberán tomar todas la medidas conducentes para que la jornada escolar sea un tiempo concreto y efectivo de trabajo con los alumnos y orientado a la tarea de la enseñanza, lo que implica la integración de todos los recursos humanos (bibliotecarios, asistentes, tutores, psicopedagogos, asesores pedagógicos, auxiliares, otros) y materiales (laboratorios, salas de informática, ludotecas, bibliotecas, etc.) disponibles en la institución para fortalecer la tarea del aula”, aseguró Borselli.
En este sentido, el Programa de Acción que asegurará la compensación de los días perdidos planteará: extensión de la jornada de clase optimizando recursos materiales y humanos existentes en la institución; ampliación del ciclo lectivo; compensación a través del dictado de clases en días extras; reestructuración de los turnos de exámenes previstos, períodos de recuperación y evaluación de diciembre y febrero; adelantamiento y/o postergación del inicio del ciclo lectivo del año inmediatamente posterior.
Además de uso de medios tecnológicos para la intensificación de la enseñanza y el aprendizaje y otras medidas  que cada institución educativa considere relevante para su contexto particular.
Al respecto, el presidente del CPE remarcó que “este contrato que tendrá que impulsar cada institución educativa con las familias y los niños/jóvenes debería ser difundido como la estrategia institucional que se plantea en el marco de una situación emergente de pérdida de días de clase y cómo la Institución en el ejercicio de su autonomía asume la responsabilidad conjuntamente con las familias por el derecho a la educación y por una Educación con calidad.
Desde ya, la suspensión de clases en los establecimientos sólo podrá ser autorizada por las autoridades del Consejo Provincial con los fundamentos y motivos que ameriten dicha situación.

El marco normativo de la Educación Obligatoria

Por último, Borselli mencionó las leyes que enmarcan la Educación Obligatoria en nuestro país. “La convención de los Derechos del Niño incorporada a nuestra Constitución Nacional reconoce el derecho a una educación de calidad con igualdad de oportunidades y establece que las autoridades deben garantizar la asistencia regular a las escuelas, adoptando todas la medidas necesarias para asegurar el efectivo ejercicio de ese derecho”.
“La propia Ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos del niño y del Joven –continuó el funcionario- continúa en ese sentido determinando la exigibilidad de la protección jurídica cuando los derechos de los niños y  adolescentes colisionen con los intereses de los adultos, entre otros”.
También indicó que “el Decreto que otorgó la Asignación Universal por Hijo para Protección Social, medida de estricta justicia social, compromete a las autoridades para redoblar esfuerzos para dar cumplimiento con el derecho a la Educación; la ley Nº 25.864, que fija un ciclo lectivo anual mínimo de 180 días efectivos de clase, promueve la unidad del sistema educativo nacional”.
En este contexto, el funcionario aseguró que “las investigaciones señalan como un obstáculo para la inclusión y calidad educativa la suspensión o interrupción de clases” y aseveró: “Lamentable y llamativamente resulta evidente que esa interrupción de clases se produce con mayor asiduidad en escuelas públicas. En el caso de Santa Cruz debemos recordar que más del 85 % de los alumnos asisten a escuelas públicas”.