Con aval garantizado, el Senado trata la ley de pago a los holdouts

Finalmente llegó el día. El Senado convertirá hoy en ley el primer proyecto enviado por el presidente Mauricio Macri al Congreso. Se trata de la iniciativa que dispone el pago a los holdouts, que implica la derogación de las leyes Cerrojo y de Pago Soberano y una autorización al Ejecutivo para que emita hasta 12.500 millones de dólares. 

Hace dos semanas, la Cámara de Diputados le dio media sanción con 165 votos positivos. La decisión política de la mayoría de los senadores es no introducir cambios para que la norma quede sancionada hoy debido a que el plazo para pagarles a los bonistas que tienen títulos en default expira el 14 de abril y el Gobierno mantiene negociaciones contrarreloj en Nueva York para poder hacer operativo el pago (tiene que previamente colocar tres bonos).  

El oficialismo llega  sin sobresaltos. Tiene asegurado no sólo el quórum de 37 legisladores sino también el resultado favorable de la votación. La voluntad que expresaron el grueso de los gobernadores para que el Congreso le dé los instrumentos al Presidente para pagarles a los holdouts fue determinante.  

A los 15 senadores del interbloque Cambiemos se suman 21 de los 39 legisladores del PJ-FpV, la bancada que conduce Miguel Pichetto, quien ayer anticipó que votará a favor porque "Néstor Kirchner hubiera hecho lo mismo” y encendió una dura discusión con el "cristinismo”. Pichetto aseguró que el ex presidente siempre estuvo de acuerdo con salir del default. 

A este conjunto de votos positivos, se suman tres de UNA, dos del PJ de La Pampa, dos ex kirchneristas, un progresista del GEN y al menos cinco del interbloque del PJ Federal. La sorpresa la daría Carlos Menem, quien asistiría para apoyar la ley, según confirmó ayer uno de sus históricos asesores. 

El techo de votos positivos sería 52, si los dos únicos senadores que por ahora mantienen el suspenso, los puntanos Adolfo Rodríguez Saá y Liliana Negre de Alonso, apoyan en el momento decisivo. En caso de que esto no ocurra, la votación podría ser de medio centenar de apoyos. 

Ayer, los laderos de los justicialistas de San Luis no podían precisar qué harían estos senadores. Pesaba sobre Rodríguez Saá "el estigma” de haber celebrado el default cuando fue presidente fugazmente en 2001 y la opinión contraria a la ley de su hermano Alberto, gobernador de su provincia. Negre, en cambio, tenía intenciones de acompañar al oficialismo. 

La cosecha de los votos negativos se presenta a priori como magra. Hasta el cierre de esta edición, sólo 18 senadores del "cristinismo” tenían decidido rechazar el proyecto del Ejecutivo, entre ellos cuatro camporistas como la mendocina Anabel Fernández Sagasti, el ex Jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, y la santacruceña María Labado, la única senadora que firmó un dictamen de rechazo.

El número de votos en rojo descendió porque habrá dos ausentes con aviso que pensaban manifestarse en contra: los izquierdistas Fernando "Pino” Solanas y Magdalena Odarda, ambos de licencia. El cineasta participará del inicio de la sesión pero debe tomarse un avión posteriormente para Estados Unidos, donde dictará un seminario. 

De concretarse estas previsiones, el oficialismo lograría un apoyo superior a los dos tercios que tuvo en Diputados, ya que con 70 senadores presentes para llegar a esa meta -que no es requerida porque basta mayoría simple- alcanzarán 46 sufragios.

Sin embargo, en el cristinismo ansiaban que dado que gran parte del bloque que conduce Pichetto responderá al reclamo de los gobernadores de votar a favor, un puñado de legisladores que expresaron sus dudas se animen a hacerlo en contra sabiendo que no pueden cambiar la suerte del proyecto de ley. Aun así, no estarían en condiciones de descontar mucho la diferencia. 

El apoyo es tan amplio que hay provincias cuyos tres senadores votarán positivamente. Se trata de Córdoba, La Pampa, Santiago del Estero, Entre Ríos, Corrientes y Misiones. Por el contrario, ninguna provincia tendrá sus tres senadores rechazando. 

Ayer, en la reunión de Labor Parlamentaria, donde se congregaron todos los presidentes de los bloques, se decidió que la sesión comience a las 10.30 y se acortó el tiempo de exposición de los oradores. De modo que se prevé que se pueda votar antes de las 22. El miembro informante del oficialismo será Julio Cobos, quien es vicepresidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda. Por el rechazo hablará la santacruceña Labado. 

Antes de que los senadores se metan de lleno en este tema, deberán autorizar la salida del país del presidente Macri, proyecto que ya tiene aval de la Cámara de Diputados. No quedó dentro de la agenda un proyecto de Rodríguez Saá y Pichetto que busca limitar el endeudamiento del Gobierno. Deberá regresar a las comisiones ya que la semana pasada, por diferencias, no tuvo suficiente apoyo interno. 

Cambian el CER para pagar menos intereses

El Ministerio de Hacienda y Finanzas resolvió que para el cálculo del Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) del mes de  febrero se utilice el Índice de Precios de San Luis, que dio un 2,7% y no el de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como se aplicó en los meses anteriores y que en febrero midió un 4%. 

Según el ministerio de Economía, "el índice de Precios al Consumidor de la Provincia de San Luis, publicado por la Dirección Provincial de Estadística y Censos de dicha provincia, para el mes de febrero de 2016 representa más ajustadamente las variaciones de precios subyacentes en la economía nacional”.

La Resolución 100/2016 de Hacienda, publicada ayer en el Boletín Oficial, sostiene que los aumentos tarifarios fueron significativamente superiores en el área metropolitana el resto del país  y que eso se manifiesta en que el aumento del índice porteña, sin la electricidad, alcanzó 3%, aproximándose al de 2,7% de San Luis. 

En consecuencia, la norma firmada por el ministro Alfonso de Prat Gay dispone ajustar el CER por índice puntano.  

El CER es un coeficiente que actualiza el valor del bonos y plazos fijos en pesos que tienen cláusulas de ajuste por ese Coeficiente. 

Así, y al utilizar un índice más bajo, el Gobierno nacional pagará -también- menos intereses.