La Presidenta propone expulsar a los extranjeros que delinquen

En una fuerte jugada política, la Presidenta anunció anoche por cadena nacional fuertes cambios al proyecto de reforma del Código Procesal Penal, que desde hoy comenzará a debatir el Congreso, con la incorporación de mayor dureza hacia los extranjeros que cometan delitos y la prisión preventiva para los delincuentes en casos que provoquen "conmoción social".

Cristina Kirchner presentó los cambios que incorporó a último momento como respuesta a una de las mayores demandas de la sociedad, pero no quiso hablar de inseguridad, sino de "combate al delito", y cargó contra jueces y fiscales que retardan las causas o aplican la llamada "puerta giratoria" para dejar salir a los delincuentes.

La línea central del mensaje presidencial terminó confirmando la postura que públicamente venía imponiendo desde hacía unos meses el secretario de Seguridad, Sergio Berni. El funcionario había planteado la necesidad de expulsar a los extranjeros que delinquen, lo que le valió críticas de los sectores más progresistas del kirchnerismo. Ayer salió fortalecido. Tanto con el cambio referido a los delincuentes de otros países como a la prisión preventiva para los reincidentes.

"Hace pocos días tuvimos la experiencia de una persona que cometió un delito a vista de todo el mundo y salió sorprendentemente en libertad. Estamos proponiendo ahora la prisión preventiva que tendrá en cuenta la conmoción social que haya generado", anunció la Presidenta, en alusión a Gastón Aguirre, el delincuente que se hizo famoso después de que un turista lo filmara cuando intentaba robarle en La Boca.

"No sólo importa que la pena sea grave sino que la sociedad se sienta protegida. Y se tendrá en cuenta la reincidencia del autor. Es un clamor de la sociedad que la reincidencia sea tomada como una causal para la prisión preventiva", agregó, en una postura menos garantista. "Quienes cometan delitos graves van a estar presos desde el día que cometan el delito", amplió la Presidenta como parte de sus anuncios.

Anticipándose a las críticas que le caerán -"es una figura que va a generar controversia"-, se defendió, Cristina Kirchner sostuvo que la expulsión de extranjeros que delinquen es "una protección que merecemos los argentinos y el conjunto de la sociedad". A partir de los cambios que propone el Poder Ejecutivo, ya no tendrán la obligación de cumplir las tres cuartas partes de la condena, tal como establece la ley actual, sino que quienes sean agarrados in fraganti cometiendo un delito automáticamente serán expulsados del país y no podrán volver durante 15 años. "Es contra los extranjeros que vienen a delinquir", abundó, en línea con la postura de Berni.

El eje central de los cambios propuestos al Código Procesal Penal implica abandonar el actual sistema inquisitivo por el acusatorio: que los fiscales queden a cargo de la investigación y los jueces resuelvan. Además, se incorpora la oralidad en todo el proceso, con lo que se intenta dar celeridad a una investigación y evitar las dilaciones por recursos escritos que demoran meses en resolverse.

La Presidenta aprovechó la cadena nacional para cargar contra jueces y fiscales, a quienes responsabilizó por aplicar la puerta giratoria para los delincuentes, y anunció que se agravarán las sanciones para aquellos que demoren injustificadamente una causa. Además, las víctimas tendrán mayor participación de control de la acción de la Justicia.

Con la campaña ya lanzada para 2015, la Presidenta no dejó pasar la política electoral. "No hablo de inseguridad. Tenemos que intensificar los instrumentos de combate contra el delito. Quienes aseguren que con tal gobierno se va a acabar la inseguridad le están mintiendo y el que lo cree es un tonto", cuestionó.

Cristina Kirchner había anunciado la reforma hace dos semanas, pero ayer la presentó nuevamente por cadena frente a los cuestionamientos que había recibido. Buscó así aclarar algunos puntos del proyecto, entre ellos, que no aplica para los casos que ya estén tramitándose con el sistema actual. Intentó desterrar las sospechas de que se buscaba beneficiar a los funcionarios investigados por corrupción. Y aclaró que si un fiscal no avanza en los plazos establecidos por el nuevo código, eso no implica que se cierre una causa.

"Necesitamos que todos contribuyamos para darle al ciudadano la mayor cuota de responsabilidad en encontrar armas de la Constitución, no de disparar. No se soluciona con armas el delito", concluyó.