El Gobierno promulgó su paquete de leyes judiciales y creó un polémico tribunal en Santa Cruz

Mientras el mundo de la política tiene la
mirada en el adrenalínico cierre de listas, el gobierno nacional promulgó unpaquete de leyes que avanzan en
su reforma del Poder Judicial. Las siete normas publicadas incluyen
la cesión de más poderes a la procuradora Alejandra Gils Carbó, un nuevo
sistema de selección de jueces subrogantes que permitirá la elección de
magistrados por hasta 90 días sin consenso del Senado y las reglas generales
para la implementación del nuevo Código Procesal Penal.

Pero la que por estas horas levanta más polémica es la
creación de una llamativa Cámara de Apelaciones en la localidad deLuis Piedrabuena, un
pueblo de apenas 6.000 habitantes en la provincia de Santa Cruz.

Dirigentes de la oposición tienen la sospecha de que en
realidad el tribunal no tiene como objetivo agilizar los trámites judiciales de
la Patagonia, sino garantizar que las causas contra el empresarioLázaro Báezy
los funcionarios kirchneristas de la provincia puedan ser desviadas a él para
garantizarse la impunidad.

En el debate que tuvo lugar la semana pasada en Diputados,
uno de los más duros críticos fue el radicalManuel Garrido, quien señaló que la creación del nuevo
tribunal no se justifica "ni por territorio ni por volumen de
trabajo". Su nacimiento sólo puede ser interpretado como una "clara
maniobra para nombrar jueces amigos" para los procesos judiciales que
deban enfrentar los funcionarios kirchneristas cuando dejen el poder.

Según
el "Informe sobre necesidad de creación de Juzgados Federales del
Interior" elaborado por el Consejo de la Magistratura, una Cámara de
Apelaciones debería tener unos 1.800 expedientes y 600 causas para trabajar con
comodidad. Esa cifra lejos estuvo de ser alcanzada por la Cámara de Comodoro
Rivadavia que fue desdoblada para crear la de Luis Piedrabuena: en 2013
ingresaron 769 expedientes civiles y 445 trámites penales.

"La creación de esta nueva Cámara no responde a ninguna
exigencia de la labor judicial en la Patagonia, sino que pareciera ser más
acorde auna necesidad de generar una
alzada federal afín y obsecuente. En particular, si tenemos en
cuenta el próximo sistema de subrogancias que dará piedra libre al Consejo de
la Magistratura para nombrar jueces sin acuerdo del Senado", señaló
Garrido.

Se refiere a una ley que también fue promulgada este jueves:
la nueva normativa establece que el Consejo de la Magistratura deberá elaborar
cada seis años una lista de conjueces "para cada fuero, jurisdicción e
instancia" y luego enviarla al Poder Ejecutivo. A su vez, el Gobierno
deberá girarla al Senado para su acuerdo. Si la Cámara alta no aprueba la lista
recibida, el Consejo quedará habilitado paranombrar subrogantes en los puestos vacíos sin necesidad de tener
su apoyo. Esos magistrados podrán quedarse en su puesto hasta 90
días.