Un crimen de Estado, responsabilidad de todo el régimen político

Se trata, en primer lugar, del último episodio de dos
décadas de encubrimiento de los atentados contra la embajada de Israel y de la
Amia, el cual involucra a todas las fuerzas políticas oficiales en presencia
que se han turnado en el gobierno en ese periodo, y a las mayores instituciones
del Estado, desde la Corte Suprema, los servicios de inteligencia y las
representaciones parlamentarias, incluso gobiernos regionales como el de la
Ciudad de Buenos Aires.

Es, en segundo lugar, otro momento de la guerra por el
control del poder judicial entre distintas fuerzas políticas, grupos
económicos, el gobierno nacional y las camarillas judiciales. En diciembre
último, el Poder Ejecutivo procedió a una purga del Servicio de Inteligencia,
sin brindar explicaciones, luego de algunos asesinatos mafiosos, destacadamente
el del llamado ‘Lauchón’, ordenado por otros servicios de inteligencia, al cual
se ha imputado vínculos con el narcotráfico y la trata de personas. En el
registro de este tipo de asesinato figura el vinculado a la efedrina, cuyos
participantes han sido aportistas a las campañas electorales del oficialismo.
La purga afectó al clan Stiusso, que fuera reforzado con poderes excepcionales
por el ex presidente Kirchner. Alberto Nisman, según opinión, formaba parte de
este círculo de espías.

El lado más oscuro del proceso que se ha abierto con esta
muerte es la consagración de un oficial de inteligencia, César Milani, como
jefe del Ejército. Es imposible no ver en esta designación, predicada "en apoyo
al Proyecto Nacional”, el intento de centralizar las funciones de espionaje,
esto en el marco de la crisis con el Servicio de Inteligencia comandado por
Stiusso. El encumbramiento de Milani formó parte, asimismo, de la doctrina de
"Seguridad Democrática”, impulsada por el ala progre y frepasista del
kirchnerismo, que pretendía resolver las repetidas acciones represivas del
gobierno contra las luchas populares por medio de una acción preventiva basada
en informaciones de inteligencia. De esta doctrina nació el Proyecto X de la
Gendarmería Nacional. La exclusión de una indagatoria al Servicio de
Informaciones del Ejército convertirá a cualquier investigación judicial de la
muerte de Nisman en una mascarada.

En cuarto lugar, la muerte del fiscal especial ha provocado
un estallido de las contradicciones insalvables de la política exterior del
oficialismo, en un asunto de interés estratégico para las potencias
imperialistas. En tanto el gobierno impulsó por vía judicial y en los foros
internacionales la denuncia de la responsabilidad de Irán por los atentados
contra la embajada y el centro de la comunidad judía, esto en consonancia con
la orientación de Estados Unidos e Israel, otro sector del mismo gobierno desarrollaba
una actividad paralela de apoyo a los distintos gobiernos del mismo Irán.
Clarín y La Nación, por un lado, y Tiempo Argentino y Página 12, por el otro,
coinciden en que el fiscal Nisman actuaba como operador de los servicios de inteligencia de Estados Unidos e
Israel. Los medios de prensa informaron, en ocasiones reiteradas, de un acuerdo
de seguridad y lucha contra el terrorismo entre Estados Unidos y Argentina, que
funcionaba como paraguas protector de las relaciones entre los dos estados,
frente a las reiteradas controversias económicas que parecían oponerlos (Alca,
por ejemplo). A este acuerdo respondió la sanción de la ley
anti-terrorista. El Memorando de
Entendimiento, que pretendía alcanzar "la verdad” de lo ocurrido, se inscribe
en esta línea de acusación a Irán, poniendo al desnudo la contradicción
insuperable que llevaría a su fracaso.

La muerte del fiscal Nisman ha replanteado, de un modo
trágico, el estado de otros crímenes de Estado, porque echa nueva luz sobre la
responsabilidad de los servicios de espionaje y de represión: desde el
asesinato de José Luis Cabezas, la masacre de Río Tercero y la desaparición de
Jorge Julio López, como igualmente, los
asesinatos de Kosteki y Santillán y de nuestro compañero Mariano Ferreyra, en
los cuales se encuentran involucrados la policía federal y la bonaerense.

Crisis política

Este crimen de Estado plantea una crisis política enorme. Si
la resolución de este crimen se confina a los despachos oficiales o judiciales,
o sea a "las instituciones”, el arbitraje lo tendrán los mismos servicios de
espionaje nacionales e internacionales responsables de tantos encubrimientos.
La alternativa a esta trampa mortal es la intervención popular. Por eso el
Partido Obrero plantea una campaña de movilización política para que el
Congreso Nacional interpele al Jefe de Gabinete y al Ministro del Interior en
sesión abierta y televisada, para que el gobierno nacional responda a todas las
indagatorias de los representantes electos y en especial a los del Partido
Obrero y del Frente de Izquierda. Los responsables de esta crisis política no
pueden asumir la dirección de ninguna "reforma de las instituciones”, la cual,
en el mejor de los casos, no servirá para cambiar de perro sino solamente de
collar. El Partido Obrero, que plantea la disolución de los aparatos represivos
y el enjuiciamiento de sus jefes operacionales y políticos, rechaza en forma
terminante que esto pueda ser ejecutado por este gobierno o cualquier otro que
responda a los intereses de la minoría capitalista explotadora que esos
servicios protegen. La reivindicación de la disolución de esos aparatos debe
formar parte de un planteo de conjunto que ponga su acento en la salida obrera
y popular a esta crisis política – de lo contrario sería distraccionista, sería
parte del arsenal desviacionista de los que hablan de la "reforma de las
instituciones” para salir del paso con un pagaré sin fecha.

Desde todas las tiendas políticas del sistema se lanzan
planteos para ganar tiempo e impedir un protagonismo popular. Esto ocurre con
los que quieren resucitar a la Comisión de Seguimiento, con los que quieren
confinar todo a la investigación judicial, o los que ahora anuncian que "Nisman
miente”, cuando se trata del mismo fiscal que el gobierno ha apoyado en todos
los foros internacionales.

Transición

La muerte de Nisman plantea el agotamiento de la transición
política que debía concluir con las elecciones de octubre próximo. Desde "el 54
por ciento” de CFK, en 2011, este agotamiento ha estado presente en forma
ininterrumpida, en especial por la crisis financiera, luego la devaluación del
peso y el enfrentamiento con los fondos buitres, más tarde la recesión
económica y la inflación. Ha estado al acecho igualmente en las crisis por la
Ley de Medios, las acusaciones contra Boudou, Báez y CFK y familia. La política
de todas las fuerzas tradicionales en presencia (más bien de sus restos) ha
sido dictada por la necesidad de llegar (‘con muletas’) a la renovación
presidencial en las urnas. La muerte de Nisman, un crimen de Estado, pone al borde de la ruptur! a esta
transición, de ahí la apelación cada vez mayor a una "unidad nacional” que
evite el derrumbe de la transición política. Mientras tanto, siguen
desarrollando su acción disolvente los desequilibrios económicos y la situación
desesperante de la crisis mundial, mientras se acrecientan las luchas populares
contra las tentativas de descargar la crisis capitalista sobre los
trabajadores.

La crisis política integral y el agotamiento objetivo de la
transición política son un obituario para las fuerzas tradicionales en
presencia, que atraviesan, por otra parte, una aguda etapa faccional. En estas
condiciones, la izquierda y el movimiento obrero combativos emergen como la
única alternativa política a la descomposición del Estado. De lo que se trata
es que asuma la conciencia de esta situación y desarrolle un fuerte liderazgo
político en términos de programa, movilización y organización. Que no acepte
ninguna consigna distraccionista, por radical que aparezca, pero que supone que
el gobierno actual, los partidos tradicionales y este mismo Estado tienen
alguna reserva transformadora. Solamente un gobierno de trabajadores pondrá fin a la descomposición nacional y a
la miseria prolongada y creciente de las masas trabajadoras.!

La crisis abierta exige enfrentar los nuevos pactos de
impunidad entre los partidos que gobiernan y que gobernaron: reclamamos una
sesión abierta del Congreso, sin límite de tiempo, televisada en directo, para
interpelar al gobierno, y a partir de ahí a todos los funcionarios que aparezcan
implicados en la interpelación, opositores u oficialistas, incluida la
Presidenta de la Nación. Reclamamos que se ponga en funcionamiento la
democracia que dicen reivindicar las fuerzas que sostiene al sistema económico
y político actual.

Rechazamos las "comisiones parlamentarias” clandestinas, o
los debates improvisados. Las propuestas de "comisiones investigadoras
independientes” también adolecen de un defecto distraccionista, porque ninguna
comisión podría ser efectiva sin los recursos del Estado, que es el que está en
cuestión. Hay que dar una respuesta a la crisis política que se desarrolla
delante de nuestros ojos, evitar que se disipe en la dilación que lleva al
encubrimiento. Las ‘salidas institucionales’ están condicionadas a la
naturaleza de la salida a la crisis política inmediata. En función de esta
caracterización reclamamos que el Jefe de Gabinete y los ministros de las áreas
involucradas comparezcan ante el Congreso, en una sesión pública transmitida
para todo el país, y que se presenten en la misma todos los archivos de las !
fuerzas de espionaje desde el atentado de la AMIA hasta la fecha. En una sesión
de este tipo cada fuerza política tendrá que explicitar sus programas y dar
cuenta también de sus responsabilidades, en los períodos que fueron gobierno.
Una sesión pública de este tipo, que transparente ante el conjunto de la
población lo sucedido, será también una confrontación de programas y de
posiciones, para clarificar qué intereses defienden cada partido político.

El Partido Obrero,
integrante del Frente de Izquierda, adelanta que a una sesión de este tipo
planteará el esclarecimiento de todos los crímenes políticos o mafiosos de los
últimos treinta años; la apertura de los archivos de la dictadura y de todos
los servicios incluidos los del Ejército (la ‘confidencialidad’ ha perdido toda
utilidad y se ha convertido en una amenaza contra la Nación); los de la
Cancillería; la expulsión de Milani, acusado de crímenes de lesa humanidad; la
conexión con los servicios extranjeros (CIA, Mossad, M15 inglés, alemán); y
apoyará todas las ponencias que sirvan para poner fin al estado de la
conspiración política permanente.