Absurda competencia sigue deteriorando el sistema de salud pública

Ante la apertura del hospital militar como centro de
atención a toda la comunidad, que se suma bajo la tutela del gobierno nacional
a los consultorios móviles instalados por el Ministerio de Salud de la Nación,
surgen interrogantes inevitables: ¿El gobierno nacional está empeñado en
ponerle un certificado de defunción al Hospital Regional?

¿No podrán canalizar sus choques de camarillas políticas sin
embromar a la gente o sin usar la salud como medio para perjudicar a un
adversario? De hecho, buena parte de la crisis de la salud en Santa Cruz se
explica por las pujas y ambiciones políticas que se chocan en el seno del
propio partido gobernante.

El dato de que este sistema paralelo tenga un componente
"militar” y se ofrezcan "médicos militares” para la atención de la población no
es menor ya que se inscribe en el intento de volver a dotar de autoridad a unas
fuerzas armadas desprestigiadas por el genocidio de miles de argentinos durante
la última dictadura. Por eso, no es casual el nombramiento de un represor de la
inteligencia militar al frente del ejército, el General Milani, quien encarna
un proyecto político común con la Cámpora y el FVS.

Al mismo tiempo, debemos tener en cuenta que la superposición
de sistemas de salud duplica o triplica esfuerzos en lugar de racionalizar el
uso de los fondos en el fortalecimiento de un sistema de salud provincial único
que sea capaz de dar respuestas adecuadas a la demanda de la comunidad.
Incluso, la doctora Fernández de Kirchner fue víctima de su propia medicina
cuando, hace unos días, se quebró un tobillo y el hospital regional no tenía
resonador ni tomógrafo que funcionaran.

Es cierto que el gobierno de Peralta ha dejado caer el
sistema hospitalario hasta límites impensables con faltantes de todo tipo:
desde el ajuar de una cama hasta el funcionamiento de los instrumentos de alta
complejidad, desde la falta de médicos especialistas hasta la reducción
operativa a una mínima expresión… Sin embargo, estos problemas no se corrigen
instalando un sistema de salud paralelo, sino estableciendo la colaboración
económica necesaria para que el sistema público funcione y satisfaga las
necesidades de la población. Por estas razones, el anuncio de apertura del
Hospital Militar atenta contra el hospital público y forma parte de un proyecto
político reaccionario.