La auditoría que pidió Cristina ya se hizo: Lázaro Báez fue el más beneficiado

El listado de los constructores viales tiene varias particularidades. El sexto, Cartellone, compañía mendocina que también tiene años en el mercado, terminó los ocho años de Cristina Kirchner como presidenta con 721 millones de dólares cobrados de Vialidad. Pero tiene una curiosidad. A fines de noviembre, el organismo acumulaba con ella una deuda de 25,8 millones de dólares. Además, era la compañía que registraba mayor atraso en sus cobros: cuando terminó el mandato del kirchnerismo, los mendocinos hacía 507 días que esperaban el pago.

Decavial (US$ 605 millones); José J. Chediak, la empresa del presidente de la Cámara de la Construcción (US$ 510 millones); CPC, la constructora de Cristóbal López (US$ 429 millones), y Petersen, de la familia Ezkenazi, dueña del Banco de Santa Cruz, entre otros (US$ 395 millones), son los que forman el grupo de los diez mayores contratistas de Vialidad Nacional. En el puesto 11 aparece Electroingeniería, empresa cordobesa que tuvo pagos por 373,6 millones de dólares.

Sin embargo, los movimientos durante los últimos ocho años de kirchnerismo fueron dispares. Lázaro Báez y su emporio siempre se mantuvieron en el primer lugar del podio de los cobradores. Benito Roggio, que era el número dos en 2007, terminó en 2015 en el décimo lugar. Un recorrido inverso realizó Rovella Carranza, que empezó como la número 11 en 2007 y llegó al cuarto puesto en 2011. Al año siguiente pasó a ser la tercera entre las 30 y desde 2013 se posicionó como la segunda, siempre si se toma en cuenta el año calendario. En el promedio, como se dijo, quedó cuarta.

Los representantes de Rovella Carranza comparecieron espontáneamente en el juzgado federal que entiende en la causa por la que está preso José López, ex secretario de Obras Públicas y uno de los hombres clave en Vialidad Nacional. "No existe vínculo comercial, empresarial o jurídico ni relación de ningún tipo con el mencionado funcionario. Asimismo, no hemos tenido ningún trato privilegiado por parte de esta persona ni de ninguno de los organismos que estaban bajo su autoridad", dice un comunicado de la empresa basada en San Luis.

La firma tenía una acreencia con el organismo vial de 47,1 millones de dólares al 30 de noviembre pasado y mantenía una espera -para cobrar- de 138 días, lejos, muy lejos, de la puntualidad de la que gozaba Lázaro Báez, a quien no sólo no se le debía dinero, sino que además tenía un adelanto que vencía el 6 de enero pasado.

Iecsa, la empresa del primo de Mauricio Macri, Ángelo Calcaterra, se mantuvo más o menos en el mismo rango entre las que más pesos cobraron.

En 2007 era la quinta entre las 30. En 2010 fue el pico y se ubicó segunda, básicamente impactada por los pagos en la autopista Córdoba-Rosario, que tuvo un pico de ejecución en esa época. Luego volvió al rango que va entre el quinto y el octavo lugar, posición en la que terminó en 2015.

JCR, la empresa de los sucesores de Juan Carlos Relats, siempre estuvo entre el segundo y el tercer lugar, con excepción de 2015, cuando se ubicó novena. La familia Relats es dueña, además de la constructora, de los hoteles Panamericano de Buenos Aires y de Bariloche. Tiene además hoteles en Corrientes y en El Calafate. En el pago chico de los Kirchner, la familia alquila Los Sauces, el hotel boutique de la ex familia presidencial. Casualidad o no, comparte con Báez el privilegio de ser inquilina de la ex mandataria. Los Relats explican la decisión en la oportunidad de dirigir el turismo receptivo que ellos alojan en Buenos Aires, a sus hoteles de Bariloche y El Calafate, dos de los destinos, según sus dichos, más elegidos por los extranjeros.

Las rutas que estos 30 contratistas construyeron (que consolidaron alrededor del 67% del total) se pagaron desde Vialidad Nacional, en un esquema concebido por el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido. El sistema de cancelaciones muchas veces se hacía a través de las vialidades de las provincias, que eran meros intermediarios entre los constructores y el organismo oficial.

Las licitaciones las hacía la Nación y les delegaba el control, al menos en los papeles, a los distritos. Pero todo dependía de De Vido y López, y de este último en particular.

Así funcionó el esquema de contratos y obras que dependió de lo más alto del poder. Éstos son los números que la ex presidenta pidió que se realizaran. Los podría haber consultado para evitar la polémica: los tenía cuando era presidenta.

Fuente: La Nación