Docentes apelarán intimación de la Justicia

El titular de la Asociación Docentes de Santa Cruz (Adosac), Pedro Muñoz, dijo hoy a Télam que presentarán "dentro de los plazos legales" la apelación, que preparan en estos días los asesores legales del principal nucleamiento del sector en la provincia, que dice tener unos 6.600 afiliados.
El congreso provincial de la Adosac debatió durante todo el sábado en Río Gallegos cómo continuar el reclamo de aumento salarial del 50 por ciento y la respuesta a la intimación dispuesta el jueves por el Juzgado de Instrucción 1 en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería, a cargo de Carlos Arenillas.
El juez Arenillas impuso a la Adosac y a la Asociación del Magisterio de la Enseñanza Técnica (AMET), que representa a unos 200 maestros, una "atreintes" (multa) de 1.000 pesos por cada día
de demora en acatar la conciliación obligatoria dictada el 2 de mayo, bajo apercibimiento de acciones penales por "desobediencia".
La AMET también consultó la opinión de sus afiliados en asambleas que se realizaron ayer en las delegaciones locales de toda la provincia, donde el debate fue "muy duro" porque "algunos quieren seguir con las medidas de fuerza y otros no", indicó hoy a esta agencia Raúl Robles, secretario general de ese sindicato.
Como en algunos casos las extensas discusiones obligaron a pasar a cuarto intermedio y "aún no saben cuándo las retomarán", Robles esperaba reunirse con las actas para saber qué postura primará, aunque también analizaba con sus asesores legales "párrafo por párrafo" la intimación, de 22 fojas, para apelarla.

Sanciones
En tanto, el gobierno prepara nuevas sanciones y aplicará a cada sindicato una multa de 5.000 pesos diarios por afiliado, anunció ayer el mantatario provincial, el justicialista Daniel Peralta.
El conflicto comenzó con el ciclo lectivo, el 28 de febrero, cuando los maestros hicieron el primer día de paro en demanda de paritarias. Desde entonces mantuvieron tres reuniones en las que el gobierno ofreció el 20, el 23 y el 25, esta vez en pagos escalonados hasta setiembre.
La Secretaría de Trabajo llamó a conciliación obligatoria y retrotrajo la situación al 15 de abril, cuando comenzó el paro por tiempo indeterminado. Pero la Adosac rechazó esa fecha porque sostiene que el conflicto se inició en febrero.
Esta semana el Consejo Provincial de Educación (CPE) dictó un acuerdo para que los chicos puedan volver a clases, que habilita a las juntas de clasificación a sesionar sin quorum e inscribir suplentes fuera de término, entre otras medidas.
Por su parte, el ministro de Educación de la Nación, Alberto Sileoni, afirmó que “el conflicto de Santa Cruz es absolutamente político” y que no hay “razón alguna que justifique las medidas de fuerza que se están llevando adelante” en la provincia.
“Los docentes de Santa Cruz perciben el salario más alto del sector en la Argentina y el gobierno provincial les ha ofrecido un 25% de aumento, que es una cifra más que considerable, y no han aceptado. Entonces, es evidente que hay una intencionalidad absolutamente política detrás este reclamo”, destacó Sileoni.
El titular de la cartera educativa nacional remarcó: “El Estado en primer lugar, pero también todos los educadores son responsables de garantizar el derecho de los niños y jóvenes a recibir educación. Los 11 millones de alumnos argentinos tienen derecho a tener como mínimo 180 días de clases”. (Télam)