En Yangón, la capital económica de la ex-Birmanaia, miles de manifestantes se reunieron cerca las embajadas de China y de Estados Unidos. También se congregaron miles delante de la sede de la Liga Nacional para la Democracia (LND), el partido de Suu Kyi, donde coreaban "¡Que termine la dictadura militar!", informó AFP.
En la sede del Banco Central, en el norte de la ciudad, también hubo protestas, pero la presencia de militares, apoyados por vehículos blindados, frenó a los manifestantes y las multitudes eran menos numerosas que en los últimos días.
"Intentan asustarnos desplegando soldados", dijo Htet Aung, blandiendo un cartel que llamaba a la "desobediencia civil" frente a un camión militar.
Los golpistas interfirieron en las comunicaciones: el acceso a Internet fue interrupido por segundo día consecutivo.
En la capital administrativa, Naipyidó, una concentración fue dispersada por la fuerza y la policía detuvo a una veintena de estudiantes.
En Mandalay, la segunda ciudad más grande del país, también se registraron episodios violentos, que dejaron al menos seis heridos después de que la policía disparara balas de goma contra los manifestantes, que respondieron lanzando ladrillos, según un socorrista.
Suu Kyi, acusada del delito de importación ilegal de dispositivos telefónicos, ahora estará en prisión preventiva hasta el 17 de febrero, cuando probablemente comparezca ante el tribunal por videoconferencia, según Khin Maung Zaw, un abogado al que Liga Nacional para la Democracia (LND), su partido, le pidió que la representara.
Es probable que su detención prolongada avive aún más las tensiones entre los militares, que tomaron el poder en un golpe de estado el 1 de febrero, y los manifestantes que persisten en sus reclamos en busca del regreso del Gobierno que eligieron.
Desde el golpe unas 400 personas fueron detenidas, incluyendo dirigentes políticos, activistas, médicos y estudiantes.
El Ejército también difundió una lista de siete destacados activistas que están siendo buscados y se publicó órdenes de detención que piden a la gente que ayude a la policía a encontrar a estos "fugitivos". Cualquiera que les proporcione asistencia o refugio será objeto de represalias.
En respuesta a las oleadas de detenciones nocturnas, surgieron espontáneamente comités de vigilancia ciudadana que piden a los residentes que vigilen a sus vecinos en caso de operaciones para detener a los opositores.
A nivel internacional, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, instó ayer a la junta a "garantizar que se respete plenamente el derecho de reunión pacífica", y pidió a los generales que autoricen "urgentemente" a la diplomática suiza Christine Schraner Burgener a "evaluar directamente la situación".
"Se responsabilizará" a los jefes de la junta de la violencia, advirtió Tom Andrews, relator especial de la ONU para Myanmar.
Washington detalló hace varios días una serie de sanciones contra varios generales, pidiéndoles que entreguen el poder, hasta ahora en vano.
Cientos de miles de manifestantes salieron a las calles en los últimos días, las protestas más importantes desde la "revolución de azafrán" de 2007, liderada por monjes.
Muchos funcionarios, trabajadores del ferrocarril, profesores y médicos se unieron a una huelga en apoyo del movimiento, y los medios de comunicación locales informaron incluso de deserciones policiales.
Los generales golpistas y su líder Min Aung Hlaing, paria internacional por los abusos cometidos contra la minoría musulmana rohingyas de Myanmar en 2017, rechazan la legalidad de las elecciones legislativas de noviembre, ganadas de forma abrumadora por la LND. Télam