El escándalo que involucra a empresarios y contadores de Río Gallegos

Se trata de una causa federal por lavado de dinero y facturación apócrifa en la que están acusados e imputados reconocidos empresarios y contadores de la ciudad. El sistema llegó a incluir la entrega de premios falsos en empresas como Rifas Mural S.A. y Autocrédito S.A.
domingo, 24 de noviembre de 2019 · 01:15

Un verdadero escándalo judicial sacude a Río Gallegos por una causa federal en la que se investigó y se acusa a contadores y empresarios de Río Gallegos en causas por lavado de dinero y facturación apócrifa.

El Diario Nuevo Día tuvo acceso al expediente de la causa, que incluye una numerosa cantidad de escuchas telefónicas y allanamientos concretados durante la etapa de investigación que derivó en la imputación de quienes serán nombrados a lo largo de una serie de publicaciones que este medio concretará a lo largo de semanas, por la cantidad de hechos que se desprenden de la acusación a la que los encargados de la investigación llegaron y se deja expresamente asentado en el expediente.

Allí, textualmente afirman que “de la investigación surgen vehementes indicios que podrían indicar la existencia de un complejo entramado societario presuntamente vinculado en maniobras de evasión tributaria.”

La gravedad del caso se confirma con la información que se constata en el expediente de la causa, donde se indica que “se habrían emitido facturas por un valor total de 95.874.060, 09 pesos” por parte de la supuesta “organización destinada a la confección de facturación apócrifa y a su comercialización”, asegurando que “evadieron el pago de IVA por tomar créditos fiscales simulados”.

Según consta en la causa, “el circuito está conformado por particulares, empresas y "socios" que aportaban capital para realizar "cambios " de cheques lo que comúnmente se conoce como "mesa de dinero" en las denominadas "cuevas".

En la investigación “se constató la utilización de la empresa dedicada a los juegos de azar “MURAL S.A.” que ofrecía como mecanismo de "lavado" la entrega simulada de premios a los involucrados interviniendo en las maniobras tanto empleados, como socios conjuntamente con Negrete y Monzón.”

En el expediente de la causa se señala a Francisco Negrete como líder de la organización, ya que sería emisor de comprobantes de operaciones inexistentes.

Entre los primeros nombrados, también aparece el contador Marcos Monzón, de quien se asegura que “utilizó conocimientos técnicos para comercializar facturas apócrifas”.

En la investigación, mediante escuchas telefónicas, también comprobaron que Héctor Costilla, presidente de MURAL S.A, tiene una acreditación en un banco por 10.155.030 de dólares sin información que justifique los movimientos mencionados, por lo que aseguran que “Costilla habría simulado la entrega de premios por parte de MURAL S.A, donde se habrían canalizado fondos de procedencia ilícita.”

Entre los acusados en el expediente de la causa también aparecen Diego Romero, señalado como “dedicado a la comercialización de facturas falsas, asistente de Monzón y Negrete”.

También Luigi Braim como “contador forma parte de la organización ilícita al haber certificado estados contables de mural S.A.

LOS ACUSADOS
El expediente de la causa es preciso respecto de los acusados de formar parte de la “presunta evasión tributaria” y en esta primera entrega Nuevo Día reproduce los nombres de quienes estuvieron presuntamente involucrados.

La lista incluye a: Marcelo Omar Amad, Pablo Amad, Asturias SRL., Autocrédito S.A. de Capitalización, José Omar Bahamonde y Alberto Juan Bark (Paralelo 46 tv), una de las mayores beneficiarias con el circuito de facturación apócrifa.

También son acusados por diferentes actuaciones que detallaremos en próximas publicaciones: Carlos Barría Muñoz, Luigi Abaham Braim, Paola Bringas (AFIP), Angel Alfredo Bustos, Hugo Sergio Cabral, Javier Ramón Cabral, Héctor Carlos Costilla, Cerámica Austral SRL. y CIAPECO S.A.

En el expediente figuran como imputados: Marcos Eduardo Monzón, Marcelo Michieletto, Giorgio Michieletto, Héctor Carlos Costilla, José Roberto Sotomayor Román y Alberto Juan Bark.

LA HISTORIA
Todos los citados están señalados de haber formado parte, de una manera u otra, de  lo que en el expediente figura técnicamente como “una asociación ilícita conformada con la finalidad de obtener un beneficio económico a través de la comisión de distintas conductas delictivas”.

El inicio de la historia tiene que ver con el denunciante, que es el vecino de Río Gallegos, Luis Alberto Reyes, quien en ese momento indicó tener una pequeña empresa que “realiza perforaciones de pozos de agua en zonas rurales”, por la cual facturaba “entre 120.000 y 160.000 pesos anuales”.

Su contador era justamente Marcos Eduardo Monzón, que le llevaba su facturación hace 4 años, según indicó Reyes en su denuncia.

Reyes contó que le dio su clave fiscal a Monzón porque "confiaba en el como profesional" y además indicó que nunca había tenido problemas con él hasta ese 15 de junio de 2018, cuando advirtió que Monzón “facturó 17 millones de pesos, quedando por anular cuatro millones”, "cifras siderales que nunca corresponde con el giro comercial que me desempeño, y además jamás he recibido esos importes", indicó.

En su denuncia, Reyes dijo que Monzón culpó a "un dependiente de él", "un tal Alejandro Márquez", a quien el denunciando nunca llegó a conocer.

Así fue como, consultando a otro contador, confirmó que “Marcos Monzón (o sus dependientes) comenzó a emitir facturas sin su autorización y conocimiento desde febrero de 2017.”

"Luego de emitirlas, procedió a anularlas", indicó en su denuncia Reyes. También advirtió que "otro punto importante a tener en cuenta es que los contribuyentes a quienes supuestamente les habría facturado" no se corresponden con la actividad que realizaba.

LOS "CLIENTES"

En ese momento nombró a empresas como Diciembre SRL., Paralelo 46TV., Ganadera de Puerto Cole, Díaz Roberto Alejandro, Cooperativa de Trabajo y Servicios Generales y Vivienda Paraíso LTDA., Santos Alvaro Horacio, Nancuante Mansilla Luis Obando.

Reyes contó que, luego de haber consultado con el "CPN García", dado que Monzón no le daba respuestas, sino evasivas, confirmó que además le había agregado dos actividades más al rubro en el cual estaba inscripto en la AFIP, "las cuales no se condicen con la realidad".

CAUSA FEDERAL

En el avance de la investigación, el 10 de agosto, la jueza Rosana Suárez remite el caso de la justicia provincial a la justicia federal por "defraudar las rentas de la Nación".

En el expediente figuran como cueces: Javier Leal de Ibarra, Aldo E. Suárez, Marta Yañez y Federico Calvete, en la causa que deriva en "supuesta usina de facturas" sobre Marcos Alberto monzón, aunque luego también Francisco Negrete, Diego Baldermar Viera (contador de Monzón), Gianfranco (utilizado por Marcelo Michieletto) y Héctor Costilla. 

A partir de allí, se avanzó en la hipótesis de que “numerosas empresas y particulares que se beneficiaban con la labor típica de los investigados como también "socios" que aportaban el capital para el "cambio" de cheques.”

LOS ALLANAMIENTOS
La investigación de la causa fue la que derivó en una seguidilla de más de 30 allanamientos, en junio de este año, que dio que hablar en Río Gallegos
y que incluyó a diferentes edificios para recolectar documentación e información sobre Mario Francisco Negrete, Marcos Monzón, Hector Carlos Costilla, Diego Valdemar Viera Romero, Luigi Abraham Braim, Giorgio Michieletto, Marcello Michieletto, Adolfo Infante, José Roberto Sotomayor, Hugo Duamante, ALberto Juan Bark, Mario Nicolás Reinoso, Hugo Sergio Cabral, Javier Ramón Cabral, Paralelo 46 TV S.A., Mario Nicolás Reinoso, Reinoso MN MEGI ME y OTROS S.H., CIAPECO, Infante Sistemas, Kalmat, Cerámica Austral SRL., MATCON, Mural S.A., Asociación Social y Deportivo Mareas del Sur, Vientos del Sur y Artama S.A. Todo esto finalizando en junio de 2019.

En dichos allanamientos, entre otros documentos, dieron con documentación de la firma "PIGARI" que resulta de la asociación entre Giorgio Michieletto, María Gabriela Anglesio y Ariel Gustavo Michieletto.

Pocos días después, se libró un allanamiento en la firma "PIGARI".

EL ROL DEL ESTADO
La historia amerita una serie de notas con detalles increíbles que surgen de las escuchas telefónicas a los involucrados y del resultado de los allanamientos.

Sin embargo, en esta primera publicación Nuevo Día también puede confirmar la información que consta en la causa, donde se informó que libraron una orden de presentación dirigida a Lotería para Obras de Acción Social de la Provincia para que los responsables hagan entrega de las actas de sorteo y fiscalización de la firma Mural correspondientes a distintos sorteos que se habrían realizado para encubrir algunas de las maniobras investigadas.

Les pidieron los sorteos tres y seis, pero Lotería respondió que los registran por número de partida y no por número de sorteo, por lo que no podían cumplir con el pedido, por lo que les vuelven a librar una solicitud incluyendo los números de partida.

En el avance de la investigación, el fiscal de la causa pidió la detención de Viera Romero, Monzón, Javier Cabral, Hugo Cabral y Sotomayor Román, por maniobras que obstruyen la investigación, pero fueron denegadas, aunque los investigadores piensan que organizaron una "mesa de dinero" en la que se descontaban los cheques que permitían el andamiaje de la organización”.

Según consta en el expediente de la causa, también “libraron un allanamiento en el Frigorífico Montecarlo bajo la sospecha de la participación de Núñez dentro de la organización”. (El Diario Nuevo Día)

*Primera entrega. Nuevo Día continuará con los detalles de la causa en los próximos días.