Zeidán dijo que “el sector que se robó la plata y está enjuiciado y busca confundir a la opinión pública”

Mediante un comunicado de prensa, expresó:



"Esto se ha visto claramente en las últimas horas donde desde un diario del gobierno con letras destacadas han tratado de insinuar que nuestra posición ante la justicia es vacilante y los argumentos que sostenemos en nuestras denuncias son endebles, en relación a los hechos de corrupción producidos en YCRT, cuando el ex interventor Atanasio Pérez Osuna decidió pagarle un adelanto de 50 millones de pesos a la empresa Fainser SA el 9 de diciembre de 2015, un día antes que la multiprocesada Cristina Fernández, entregara el gobierno.

Mienten descaradamente, por cuanto los que están en el banquillo de los acusados son ellos y seguramente serán condenados por haber sustraídos caudales del Estado, esto dicho en palabras suaves y traducido en lenguaje llano para que a los trabajadores y la gente no le queden dudas: en cuestión de días y apurados porque se les terminaba el poder de decisión para manipular recursos del Estado nacional, se llevaron 50 millones de pesos que pertenecen a todos los argentinos, malversándolos sin causa ni explicación alguna, ni exigir ninguna contraprestación.

Aquí de lo que no hablan los mediocres involucrados en estas operaciones de prensa, desde donde pretenden desviar el interés de lo importante, que es el desfalco brutal en el cual incurrieron estos amigos de lo ajeno, es de cómo devolver la plata, por lo menos como gesto digno de quien jugó sucio y perdió y luego, que asuman la sanción penal que les imponga la justicia.

El problema no es Omar Zeidán, el problema es cómo hacen para ocultar o evitar que la justicia esclarezca el hecho de peculado cometido y por el cual uno de los principales partícipes está detenido y en base a lo cual tuvo que renunciar vergonzosamente a la intendencia de nuestra ciudad, Río Turbio; nos referimos a Atanasio Pérez Osuna.

Sin embargo, la escasa o nula argumentación que tienen para defenderse de manera positiva en los Tribunales, hace que hurguen en chicanas y mentiras o medias verdades, donde lo oculto no prescribe y con lo cual intentan confundir a la opinión pública, sembrando dudas y echando sombras sobre lo que a todas luces es y será un acto de corrupción brutal, grosero, generado por ellos y llevado a cabo en la más estricta impunidad, de la cual hoy carecen y es por eso que tienen miedo.

La arbitrariedad con que los culpables de este fraude al Estado, tratan de hacer prevalecer el tema de la póliza como ancla de un teórico delito en mi contra, es de una inconsistencia tal, que no se puede sostener cuando se habla con la verdad.

Si resumimos la pretensión de esta verdadera operación de distracción, debemos decir que los imputados, procesados por el delito de haber echo desaparecer 50 millones de pesos sin recibir nada a cambio, culpan al interventor de no “ejecutar la póliza” con la afiebrada idea de que de esa manera el Estado recuperaría los fondos pagados por la aseguradora; es decir, pretenden que se compense el robo cometido por un puñado de funcionarios y una empresa privada, con la ejecución de la póliza de garantía. Y lógicamente, de esa manera ellos creen que quedarían exculpados de toda responsabilidad. Como se ve, éste es el nivel de la discusión que interponen los imputados, procesados y detenidos.

El tema de la póliza es ajeno al robo que consumaron al Estado y si quieren hablar de la póliza de caución y poner como principal responsable al yacimiento, debo decir que personalmente

hice lo imposible para ejecutarla, pero el documento al no haber sido certificado, carece de validez y fuerza legal. Esa responsabilidad, también es de ellos. Sin embargo, hay más argumentos a mi favor.

El Juez Federal Julián Ercolini mandó al archivo a la causa 3436/2018, la cual se generó debido a una falsa denuncia que hicieron de manera inescrupulosa los propios imputados y allí quedó claramente definida la inexistencia de responsabilidad de mi parte, resolviendo la Justicia que desde la Intervención no se cometió ningún delito, pues la contratación con el proveedor Fainser SA era competencia del Municipio de Río Turbio y no de YCRT. Desde que asumimos y sorteando todos los obstáculos técnicos y judiciales que se presentaron desde el primer momento, se produjeron los dictámenes legales que encuadraron todas y cada una de las acciones emprendidas por la Intervención, dentro del marco jurídico correspondiente.

Para concluir, como interventor de YCRT advierto que los culpables del desfalco al Estado, buscan confundir y desviar el eje de esta discusión donde no está en juego la ejecución o no de la póliza de caución, sino, saber dónde está y qué hicieron con los 50 millones de pesos desaparecidos en tres cheques entre el municipio de Río Turbio, la intervención de YCRT de entonces y la empresa Fainser SA, quien recibió los fondos un día antes del cambio de gobierno a nivel nacional".