Diputados piden al Banco Santa Cruz que baje las tasas de interés

Se trata de una Resolución impulsada por la bancada mayoritaria en la Legislatura Provincial. Está referido a las tarjetas de crédito y los préstamos personales que solicitan trabajadores activos y pasivos de la Administración Pública Provincial, que ofrece una garantía del 100% de recobro.

La Legislatura Provincial sancionó este jueves, por unanimidad, una Resolución reclamando al Directorio del Banco de Santa Cruz S.A. que “aplique una disminución hasta alcanzar porcentajes de referencia sugeridos por el Banco Central de la República Argentina sobre las altas tasas de interés de las operaciones de financiamiento de las tarjetas de crédito emitidas por esa entidad, como así también de los préstamos otorgados al personal activo y pasivo de la Administración Pública Provincial, que percibe sus haberes por dicha entidad crediticia”.



Fue a partir de una iniciativa impulsada por el presidente del Bloque del Frente para la Victoria – Partido Justicialista en la Legislatura Provincial, Matías Mazú, teniendo en cuenta que la tasa de interés de referencia que dispuso el BCRA en el primer caso (tarjetas de crédito) es del 73%, y la entidad crediticia de la que cuyo 49% es propiedad del Estado de Santa Cruz, aplica un 107% de tasa de interés compensatorio por financiación de saldos; y en segundo lugar, respecto de los préstamos personales para activos y jubilados de la Administración Pública Provincial con código de descuento en la liquidación de esos haberes, es decir, 100% de garantía de recobro, se está aplicando un 131,87% de Costo Financiero Total, cuando el porcentaje de referencia del BCRA es de 76%.



A modo de contexto, Mazú explicó que “la situación económica por la que atraviesan las economías familiares argentinas, con una inflación real que supera el 50% anual, ha llevado a los trabajadores a acudir a herramientas de financiamiento no ya para la compra o refacción de viviendas o vehículos - como antiguamente se hacía - sino que en la actualidad han modificado sus hábitos de consumo, llegando a utilizar la tarjeta de crédito para consumos diarios, como la compra básica de alimentos, y ha tenido que recurrir a préstamos personales para el pago de alquileres o saldos de tarjetas de crédito, muchas veces emitida por el mismo Banco con el que se ha generado deuda”.



Mazú también señaló que “con el debate de una Emergencia Alimentaria Nutricional en auge, con índices de pobreza que afectan al 32% de la población argentina, y con un sistema financiero que viene reportando ganancias exorbitantes a partir de las políticas implementadas por el Gobierno de Mauricio Macri (1.220 millones de dólares sólo en el primer trimestre de este 2019 según cifras del BCRA, superando en un 45% a la obtenida en el primer trimestre de 2018), creo que pedir este esfuerzo a este sector tan favorecido para alivianar las economías familiares, se traduce en un acto de justicia social”.


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