Meter Mano En La Justicia

Memorias de una sesión

En 1993 la diputada provincial Cristina Fernández pidió echar al fiscal Andrés Vivanco por ir a una marcha de Ctera contra la ley de educación implementada por entonces ministro de educación Ricardo Jaime, hoy condenado por corrupción. En 1995 echaron al jefe de Fiscales, Eduardo Sosa que no había asistido a ninguna marcha, pero los investigaba.


La ley provincial 2404 fue sancionada el 7 de setiembre de
1995, luego en una sesión de alto voltaje, donde la oposición advertía que se
estaba frente a la violación de las normas constitucionales, toda vez que la
misma reforma establecía en su artículo 9 el cese en sus funciones del
procurador general, Eduardo Sosa.


En aquel debate que concentró el mayor tiempo de una sesión
que comenzó a las 15 horas y terminó pasada las 23, durando más de 8 horas, se
advertía que dicha eliminación era de "dudosa constitucionalidad” e implicaría
un "grave” precedente institucional.


También se sostenía que, en lugar de la división de la
Procuraduría en Fiscalía y Defensoría se debería mantener la figura del
procurador y crear la del defensor, algo que no fue tenido en cuenta por la
mayoría de los legisladores del Frente para la Victoria, en tiempos en que
Néstor Kirchner gobernaba Santa Cruz.


El oficialismo, que tuvo por miembro informante al hoy
titular de la SIDE, Héctor Icazuriaga, y contaba entre sus integrantes a la
entonces diputada provincial Cristina Fernández de Kirchner, se basó para
fundamentar su decisión en el marco del derecho administrativo de Miguel
Marienhoff y sus citas, planteando que "en nuestro Derecho no existe la
estabilidad absoluta”, agregando que "la inamovilidad no puede concebirse como
un derecho subjetivo del funcionario”.


Ocupando entonces la vereda de la oposición, Héctor Peña fue
el principal sostenedor de la posición contraria a la sanción de la ley, desde
su banca unipersonal, de la bancada radical, el orador fue el diputado Horacio
Lafuente. Peña señalaba "su espanto, como abogado, como diputado y ciudadano”
por la teoría ensayada por Icazuriaga, y recordaba que se trataba de un derecho
constitucional y "suprimir el cargo es mochar a los jueces que se nos de la
gana, es una aberración típica del más puro fascismo y va en contra del sistema
republicano de gobierno, además de ser una "barbaridad jurídica””.


También se advertía que se podría convertir dicha sanción en
un juicio millonario, lo cual se transformó en realidad, cuando Eduardo Sosa
comenzó un largo camino judicial con su presentación, aquel viernes 22 de
setiembre de 1995, ante el mismo tribunal que dispuso su cese en cumplimiento
de la ley sancionada por los legisladores del Frente para la Victoria.


Artículo 2° de la Ley 
2404  amplió de tres a cinco los
miembros del Tribunal Superior de Justicia emergiendo de esta manera la
"Mayoría Automática” del máximo tribunal judicial al servicio de los intereses
del gobierno.


El artículo 9° dispuso además, la cesantía de Sosa que no
fue nombrado en ninguna de las dos jefaturas creadas. Simplemente lo dejaron
fuera del sistema judicial, al que no regresó nunca más.  Hoy Sosa está jubilado.


Por Héctor  "Cacho" Barabino,  extraído de su blog. Link original: 


http://www.hectorbarabino.com/2015/02/12/6158-memorias-de-una-sesion/#more-6158


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