Juicio por la obra pública en Santa Cruz: tras el rechazo de las recusaciones continúa la séptima jornada de alegatos de la fiscalía

El viernes pasado el Tribunal Oral en lo Federal N°2 resolvió rechazar el pedido de recusación del juez Rodrigo Giménez Uriburu y de los fiscales de juicio Diego Luciani y Sergio Mola, efectuado por las defensas de Cristina Fernández de Kirchner, Julio Miguel De Vido, Carlos Santiago Kirchner, Lázaro Antonio Báez y Nelson Guillermo Periotti. También rechazaron un nuevo planteo efectuado contra el juez Jorge Gorini. 

Los mismos fueron realizados en el marco del juicio oral denominado "obra pública" o "Vialidad", que juzga el presunto direccionamiento de licitaciones al empresario santacruceño Lázaro Báez entre 2003 y 2015. Las defensas adelantaron que apelarán a Casación los rechazos.

Se espera que en la jornada de hoy los fiscales continúen con la séptima jornada de alegatos donde seguirán mostrando las pruebas analizadas para pedir condenas cuando finalicen su exposición, que en principio evaluaron será de nueve audiencias.

La semana pasada, en la sexta parte del alegato, se centraron en las movilizaciones de obras y los anticipos financieros abonados a las empresas de Lázaro Báez.

La fiscalía indicó que se valieron de los anticipos financieros, que “eran cobrados, con libre disponibilidad por parte del receptor. No se requería rendición de cuenta alguna sobre qué se hacía con los fondos que el Estado anticipaba a estas empresas, para financiar la obra”.

Los fiscales entendieron que era “inadmisible, porque eran fondos millonarios que se entregaban a estas empresas” y los anticipos “variaban entre el 10% del monto de los contratos al 30%, pero que en la mayoría de los casos eran del 20% del monto de los contratos”.

Además refirieron que “las empresas de Lázaro Báez presentaban las mismas planillas de equipos para muchas licitaciones y para la misma época. En esos casos, la movilización de equipo abonada en las distintas licitaciones, por los mismos equipos, carece de justificación. (…) Si yo presento un mismo equipo para cinco licitaciones, al mismo tiempo, de manera simultánea, y cobro la movilización de esos equipos para una obra, no puedo, al mismo tiempo, estar cobrando la movilización de los mismos equipos para obras distintas”.

En cuanto al otorgamiento de licitaciones, la fiscalía aseguró que “mientras la empresa sistemáticamente incumplía los plazos de estas obras, o solicitaba ampliaciones de plazo por falta de combustible, se le seguían otorgando nuevas obras y se certificaban las movilizaciones de obra” con “inusitada rapidez” cuando había "imposibilidades materiales de ejecutar dichas tareas en tan corto plazo". 

Añadieron que eso demostraba que “lo único que importaba a la Administración era el beneficio permanente que se le otorgaba a las empresas de Lázaro Báez, porque en realidad se estaba beneficiando a los entonces presidentes de la Nación, a pesar de que los trabajos eran inexistentes”.

En otro tramo del alegato del viernes pasado el fiscal Luciani rebatió dos argumentos de la defensa de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner respecto a la cuestión presupuestaria. Recordó que, en una suerte de “deslinde de responsabilidades”, se sostuvo que “todo lo atinente a obra pública es resorte del Poder Legislativo” y que era “absurdo pretender que la presidenta y sus ministros hayan podido conformar una asociación ilícita” y que, si hubo una asociación ilícita, debía "extenderse al Poder Legislativo, que es el que le fijó los presupuestos".

Tras analizar las distintas Leyes de Presupuesto, la intervención del Congreso Nacional y la Jefatura de Gabinete de ministros y el Poder Ejecutivo, la fiscalía consideró que, entre los años 2004-2015, los controles presupuestarios “estuvieron lejos del deber ser como manda la ley”. Asimismo manifestó que se subestimaron los recursos verdaderamente disponibles, “se omitió la información sobre obras públicas de Santa Cruz ejecutadas por el Grupo Báez; se utilizaron excesivamente decretos de necesidad y urgencia, decisiones administrativas y resoluciones ministeriales; y se aprobaron cuentas de inversión sin el debido análisis o discusiones parlamentarias”.

En relación a la información que el Poder Ejecutivo brindaba al Congreso sobre las obras adjudicadas a Báez, el fiscal entendió que la vicepresidenta “brindó escasa y mentirosa información que remitió al Congreso sobre las obras que ganó el Grupo Báez”. Agregó que “la omisión fue una decisión, fueron 17 obras omitidas en cada presupuesto remitido al Congreso, año tras año, y crearon vías alternativas de financiamiento”, por las cuales se asignaron a Báez 4.000 millones de pesos, gracias al “sistema discrecional manejado por los jefes de la asociación ilícita”, sobre el que alertó la Auditoría General de la Nación (AGN).

Lo que se debate en el juicio oral

En diciembre de 2017, los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques, al solicitar la elevación a juicio tuvieron por acreditada una maniobra delictiva llevada a cabo “entre 2003 y 2015 por parte de una asociación ilícita, que tuvo por finalidad sustraer y apoderarse de fondos públicos a través de un plan criminal que derivó en una defraudación al Estado Nacional a través de la obra pública vial adjudicada a la provincia de Santa Cruz y distintas maniobras de lavado de dinero con el objeto de enriquecer a la familia Kirchner”.

En tanto dieron por probada también la intervención de los distintos imputados que permitieron lograr con éxito tal finalidad delictiva, partiendo de “quien la dirigió y sostuvo en el tiempo Cristina Fernández de Kirchner pasando por quienes tenían a su cargo la administración de los fondos estatales destinados a la obra pública vial y los direccionaron hacia Lázaro Báez, tanto desde el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios —Julio Miguel De Vido, José Francisco López, Carlos Kirchner, Nelson Periotti (entre otros) para culminar en el individuo que fue escogido como destinatario del enriquecimiento, el amigo personal y socio comercial de Néstor y Cristina Kirchner, Lázaro Antonio Báez”.