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A 11 años de Ni Una Menos: el registro de femicidios en Santa Cruz

A 11 años del primer grito de Ni Una Menos, la organización MuMaLa presentó un desgarrador registro nacional de femicidios que abarca hasta el 2026. La provincia de Santa Cruz no escapa a esta cruda realidad. Conocé los detalles del informe y el fuerte reclamo por la falta de presupuesto nacional en políticas de asistencia. Lee la nota completa en nuestro sitio web.

Redacción Nuevo Día
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La organización Mujeres de la Matria Latinoamericana presentó su informe nacional que abarca más de una década de violencia machista. En un contexto de ajuste y desfinanciamiento institucional, la provincia advierte sobre las consecuencias sociales de abandonar las políticas de prevención.

El 3 de junio marcó un quiebre en la historia social de nuestro país. Sin embargo, a 11 años de aquel primer grito colectivo, la violencia por motivos de género continúa siendo una herida abierta. La organización MuMaLa publicó su Registro Nacional de Femicidios, Femicidios Vinculados y Trans/Travesticidios para el periodo 2015 a 2026, revelando cifras alarmantes que resuenan con fuerza y dolor en la provincia de Santa Cruz.

El documento no solo visibiliza los asesinatos de mujeres y disidencias, sino que problematiza el actual escenario sociopolítico. Según detallan desde el Observatorio, la sociedad argentina que supo conquistar herramientas de protección, hoy se enfrenta a un desamparo institucional que agrava las condiciones de vulnerabilidad en cada rincón del territorio, incluyendo las localidades santacruceñas.

A 11 años de Ni Una Menos: el registro de femicidios en Santa Cruz

La preocupante realidad en Santa Cruz

Si bien el informe abarca todo el mapa federal, el eco de estas estadísticas golpea de lleno en nuestra provincia. Santa Cruz ha sido escenario de casos que conmovieron a la comunidad, y el registro de MuMaLa ratifica que la violencia machista no distingue fronteras geográficas. La falta de contención local, sumada a las distancias patagónicas y a las dificultades para acceder a una justicia rápida y con perspectiva de género, convierte a la región en una zona de constante alerta para los organismos de derechos humanos.

Las organizaciones locales que adhieren al monitoreo de MuMaLa insisten en que los números detrás de los femicidios en el suelo santacruceño no son simples estadísticas, sino vidas arrebatadas que demandan respuestas urgentes. El informe subraya que la pobreza y el machismo actúan como un combo letal, donde la precarización económica impacta de manera directa en la imposibilidad de muchas víctimas para salir de sus círculos de violencia.

El impacto del ajuste en las políticas de género

Uno de los puntos más críticos del documento aborda la coyuntura política nacional y su correlato directo en el aumento de la desprotección. Desde MuMaLa denuncian de forma categórica que las políticas públicas conquistadas durante los últimos años fueron arrasadas. La mayoría de los recursos institucionales de prevención y asistencia se encuentran actualmente sin presupuesto o fueron eliminados por completo de las partidas oficiales.

Este vaciamiento tiene un impacto brutal. Al no contar con programas de acompañamiento económico, refugios operativos ni líneas de asistencia fortalecidas, las víctimas quedan a merced de sus agresores. La organización señala al gobierno nacional por ejercer un claro negacionismo frente a la violencia de género, incumpliendo normativas nacionales e internacionales vigentes.

El reclamo histórico por un Estado presente

La desjerarquización institucional y el cierre de programas de asistencia configuran, según las autoras del informe, un ataque directo hacia la agenda de género. En este contexto de brutal ajuste económico, las condiciones laborales, educativas y de salud de las mujeres y disidencias se encuentran en constante deterioro.

A 11 años de haber salido masivamente a las calles para exigir que no haya ni una víctima más, la demanda hacia las autoridades es clara. La provincia de Santa Cruz y el país entero necesitan un Estado presente, eficiente y con presupuesto real, capaz de implementar políticas de fondo para erradicar la violencia y garantizar el derecho a una vida libre y digna.

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