Ampliación del Tribunal: por qué la Corte Suprema intimó al TSJ de Santa Cruz
El 23 de abril, la Corte requirió formalmente al Superior Tribunal de Justicia (TSJ) de Santa Cruz que remita todas las actuaciones del expediente iniciado por la Asociación, en el que se plantea la inconstitucionalidad de la ley que amplió el tribunal de 5 a 9 miembros. Como no cumplió, le otorgó 48 horas para enviarlo.
La tensión judicial e institucional en Santa Cruz sumó un nuevo capítulo. Luego de rechazar la recusación presentada por la Asociación Gremial de Empleados Judiciales contra integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el máximo tribunal del país avanzó con una medida más firme.
El 23 de abril, la Corte requirió formalmente al Superior Tribunal de Justicia (TSJ) de Santa Cruz que remita todas las actuaciones del expediente iniciado por la Asociación, en el que se plantea la inconstitucionalidad de la ley que amplió el tribunal de 5 a 9 miembros.
Ante el incumplimiento de ese pedido, este miércoles el máximo tribunal emitió una intimación formal para que el TSJ envíe en un plazo de 48 horas toda la documentación vinculada a la causa.
Intimación directa y plazo de 48 horas
La decisión quedó plasmada en una nueva providencia firmada en Buenos Aires. Allí, la Corte advirtió sobre la falta de cumplimiento del requerimiento anterior y ordenó que las actuaciones sean remitidas "de inmediato" en formato digital.
El oficio menciona específicamente la causa 917/2025 y los incidentes vinculados, cuya remisión ya había sido solicitada en la resolución del 23 de abril de 2026.
Sin embargo, ante la falta de respuesta, el tribunal resolvió avanzar con una intimación directa. "La documentación debe ser enviada en el plazo de 48 horas", establece la providencia, marcando un claro endurecimiento de la postura del máximo órgano judicial.
El trasfondo: recusación rechazada y disputa institucional
Días atrás, la Corte Suprema había rechazado la recusación impulsada por la Asociación Gremial de Empleados Judiciales de Santa Cruz en el expediente que discute la constitucionalidad de la ampliación del tribunal provincial.
El gremio cuestionó la intervención de magistrados por presuntos vínculos políticos e institucionales. Sin embargo, la Corte consideró que el planteo fue presentado fuera de término y que no existían causales legales válidas.
En su resolución, el tribunal remarcó que "la recusación es una herramienta excepcional y de interpretación restrictiva", especialmente cuando se intenta apartar a miembros de la Corte.
El conflicto se originó tras la sanción de la ley provincial que amplió la integración del TSJ, decisión que generó cuestionamientos políticos, judiciales y gremiales. La Asociación promovió una acción de inconstitucionalidad contra el Poder Legislativo provincial, mientras se abrieron medidas cautelares y expedientes conexos.
La Corte exige toda la documentación
En la nueva resolución, la Corte dejó en claro que necesita acceder a la totalidad de las actuaciones para continuar con el análisis del caso.
Por eso, además del expediente principal, exigió la remisión de los incidentes cautelares vinculados, las resoluciones internas sobre organización y juramentos, y la información sobre otros procesos relacionados con el mismo objeto judicial.
La intimación en 48 horas refleja la relevancia institucional del caso y el interés del máximo tribunal en avanzar sin más demoras en su tratamiento.
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