Caso en Justicia municipal de Santa Cruz: por qué se frenó una elección y dicta un precedente en otro escándalo institucional
La elección del nuevo juez de faltas en El Chaltén, prevista para el 27 de noviembre de 2025, fue suspendida por decisión del Concejo Deliberante tras una medida de no innovar otorgada por la Cámara de Apelaciones en el marco del amparo presentado por Mariana Azzolín, actual secretaria del Juzgado de Faltas. El conflicto se originó en julio, cuando una ordenanza municipal estableció un mandato temporal de seis años para ese cargo, lo que dejaba afuera a Azzolín, quien ejerce desde 2017 bajo un régimen sin límite temporal.
Otro conflicto en la Justicia municipal se desarrolló en Santa Cruz. En este caso, es en El Chaltén. Comenzó en julio de 2025, cuando el Concejo Deliberante sancionó una ordenanza que transformó el cargo de juez de faltas en un puesto temporal de seis años. Hasta ese momento, la legislación local no establecía límites de mandato, y la estructura del juzgado se mantenía estable desde 2017 con Mariana Azzolín como secretaria a cargo.
La nueva normativa no solo modificó el sistema de designación, sino que dejaba sin efecto el rol de Azzolín, al excluirla del proceso y habilitar la presentación de una terna de candidatos sin su participación. La designación del nuevo juez estaba prevista para el 27 de noviembre de 2025, lo que generó inmediata controversia.
Frente a ello, la Dra. Yesica Delgado -ex jueza de faltas de Comandante Luis Piedra Buena- interpuso un amparo en julio solicitando una medida de no innovar. El caso tuvo varias idas y vueltas judiciales: el juez Ludueña se declaró incompetente y derivó el expediente a la Cámara de Apelaciones, que finalmente anuló la resolución anterior y concedió la medida solicitada.
La Cámara frenó la designación y el Concejo suspendió la elección
Con la medida cautelar firme, el Concejo Deliberante de El Chaltén confirmó que la elección del 27 de noviembre quedaba suspendida, y que el proceso de selección, evaluación y designación previsto en el expediente 065/HCDCh/2025 permanecerá paralizado hasta que exista sentencia definitiva en el expediente "Azzolín, Mariana Alejandra c/ Municipalidad de El Chaltén s/ Amparo".
La decisión dejó sin efecto la terna presentada y frenó el proceso del municipio. Este caso tuvo el reclamo de la Asociación de Jueces y Secretarios de la Justicia Municipal de Faltas de Santa Cruz.
Antecedentes: dos fallos previos y una causa que vuelve a escalar
El caso de El Chaltén no es aislado y se suma a otros episodios recientes en Santa Cruz que cuestionan la vulnerabilidad institucional de los juzgados de faltas. La propia Dra. Yesica Delgado, cuya presentación ayudó a sostener el reclamo de Azzolín, atraviesa un proceso judicial tras haber sido removida de su cargo en Comandante Luis Piedra Buena mediante el Decreto N.º 3.291/25, pese a haber sido designada y ratificada legalmente en 2024.
Delgado denunció que su destitución se dio en medio de un "modus operandi de persecución política e institucional", lo que motivó la intervención de la Asociación de Jueces y Secretarios de la Justicia Municipal de Faltas de Santa Cruz. La entidad repudió la decisión del Ejecutivo municipal por haberse realizado sin juicio previo, sin garantizar el derecho a defensa y en contradicción con una sentencia del juez Renato Manucci de 2023 que ya defendía la inamovilidad de la funcionaria.
A su vez, el de 28 de Noviembre, que data de 2015 se suma a otro antecedente, el del ex juez de faltas Raúl Cardozo, removido en 2018 en El Chaltén, quien finalmente le ganó el juicio al municipio. Para Delgado, estos casos -incluido el de Azzolín- consolidan un precedente indispensable para su propia situación: "Mi caso está en trámite, y el Ejecutivo realiza artimañas dilatorias, como recusar a la jueza, pero finalmente lo resolverá la Cámara de Apelaciones", señaló a El Diario Nuevo Día.
La independencia de la Justicia Municipal de Faltas
La sucesión de conflictos en distintas localidades de Santa Cruz vuelve a instalar la discusión sobre la autonomía, estabilidad e independencia del fuero municipal de faltas. Para la Asociación provincial, cualquier modificación en los cargos debe respetar los mecanismos constitucionales, evitando decisiones discrecionales o intempestivas que puedan vulnerar derechos adquiridos.

