El juez removido acusa a sus pares de abuso de autoridad y anticipa posibles juicios políticos en Santa Cruz

El juez Daniel Mariani fue removido de la presidencia del Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz y respondió con duras acusaciones contra cuatro vocales, a quienes acusó de actuar "en el marco de la ilegalidad" y de consumar un "golpe de Estado palaciego". El conflicto expone la fractura interna en el máximo órgano judicial, en medio de denuncias cruzadas, cuestionamientos a designaciones y una crisis institucional sin precedentes.

Mariani denuncia un "golpe palaciego" en el Tribunal Superior

La crisis institucional que atraviesa el Poder Judicial de Santa Cruz sumó un nuevo capítulo. Daniel Mariani, desplazado de la presidencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), apuntó contra sus pares Fernando Basanta, Reneé Fernández, Paula Ludueña y Alicia Mercau, quienes firmaron la resolución que lo removió del cargo.

En una nota formal, Mariani calificó el accionar de sus colegas como un "golpe de Estado palaciego" y sostuvo que las decisiones tomadas carecen de validez legal, ya que no contaron con la mayoría exigida por la Ley Orgánica de la Justicia.

"Pretender adoptar decisiones sin las mayorías mínimas que exige la Ley Orgánica e intentar brindarles el carácter de resoluciones constituye una conducta carente de validez legal y verdaderas vías de hecho", escribió el magistrado, que aún se presenta como presidente del TSJ amparándose en la Ley 3.949, que amplió el número de vocales del Tribunal de cinco a nueve.

Un conflicto que refleja la fractura interna del Poder Judicial

Las acusaciones de Mariani se suman a un contexto de fuerte tensión institucional. Desde hace semanas, el TSJ atraviesa un enfrentamiento interno tras la designación de nuevos vocales -entre ellos Sergio Acevedo y José González Nora- cuya jura fue impugnada por parte del propio tribunal, bajo el argumento de que no se respetaron las medidas cautelares vigentes.

Este conflicto derivó en la división del máximo órgano judicial: de un lado, quienes reconocen la ampliación del TSJ y la legitimidad de las nuevas designaciones; del otro, quienes consideran que el proceso fue irregular y que las juras carecen de sustento jurídico.

Mientras tanto, asociaciones judiciales y referentes políticos advierten sobre una "crisis sin precedentes" que compromete la independencia del Poder Judicial y pone en riesgo el normal funcionamiento institucional de la provincia.

Posibles juicios políticos y un escenario de incertidumbre

Mariani advirtió que las actuaciones de los cuatro vocales podrían configurar "mal desempeño, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público", abriendo la posibilidad de juicios políticos conforme al artículo 137 de la Constitución Provincial.

El juez también cuestionó la decisión de sus pares de desconocer la ley que amplió el número de integrantes del TSJ y de omitir la participación de subrogantes para alcanzar la mayoría necesaria.

Mientras el conflicto escala, sectores de la justicia y la política provincial reclaman una solución institucional que restablezca la legitimidad del tribunal y evite una mayor erosión de la confianza pública.

La disputa ya no solo enfrenta a jueces, sino que amenaza con profundizar una crisis política e institucional que trasciende los muros del Poder Judicial. (Diario Nuevo Día)