El nuevo reclamo de ADOSAC en Santa Cruz por incumplimiento de un acuerdo: de qué se trata

En una presentación formal ingresada este martes 27 de mayo, la Asociación Docentes de Santa Cruz (ADOSAC) exigió al Consejo Provincial de Educación (CPE) que garantice la implementación efectiva del Acuerdo 189/18, que contempla una licencia especial por violencia de género. La medida, lejos de ser nueva, fue establecida hace siete años, pero según denuncian desde el sindicato docente, no se cumple en la práctica ni responde al espíritu de resguardo y contención que debería tener.

El reclamo se da en la antesala del décimo aniversario del primer "Ni Una Menos" -que se conmemora cada 3 de junio-, y cobra especial fuerza porque proviene de un sindicato donde la mayoría de sus afiliadas son mujeres. "La violencia de género no es una cuestión doméstica ni individual. Es una problemática social estructural que impacta en todos los ámbitos, incluyendo el laboral. Y por eso debe ser abordada con políticas claras de seguridad y justicia", señala el documento rubricado por la Comisión Directiva Provincial de ADOSAC. 

Aplicación

Desde el gremio advirtieron que, si bien el acuerdo se encuentra vigente, su aplicación es deficiente. Denuncian el vaciamiento del personal especializado en género dentro del área de Recursos Humanos del CPE, lo cual dificulta gravemente el acompañamiento y seguimiento de los casos.

A esto se suma una interpretación restrictiva y descontextualizada de la normativa, que lleva a prácticas revictimizantes. En muchos casos, las docentes que atraviesan situaciones de violencia deben justificar repetidamente lo vivido, reviviendo hechos traumáticos o enfrentando sospechas sobre su testimonio. "Eso va en contra del espíritu de la norma y coloca a la víctima en una situación de mayor vulnerabilidad", subraya el texto. 

La licencia: una herramienta de resguardo con trabas

El Acuerdo 189/18 fue pensado como un instrumento fundamental para resguardar la integridad emocional y laboral de las docentes víctimas de violencia. Tiene sustento legal en la Ley Nacional 26.485 de Protección Integral y en la Ley Provincial 3201, que adhiere a la anterior.

Sin embargo, ADOSAC sostiene que el acceso a esta licencia está plagado de obstáculos burocráticos: la documentación respaldatoria se exige en cada institución en la que la docente presta funciones, el trámite es lento, y muchas veces no se respetan los plazos ni se garantiza confidencialidad.

Por eso, en la presentación al CPE, el sindicato plantea la necesidad de avanzar hacia un protocolo claro, ágil y sensible, con enfoque de derechos humanos y de género. 

Qué pide ADOSAC

Entre las propuestas concretas que ADOSAC incluyó en el documento, se destacan:

• Capacitación obligatoria y permanente para directivos, técnicos y administrativos que intervienen en el trámite de la licencia. Esta debe enmarcarse en la Ley 26.485 y la Ley Micaela (N.º 27.499).

• Designación de referentes de género en cada localidad de la provincia, que puedan brindar apoyo, seguimiento y orientación.

• Recepción confidencial de solicitudes, evitando que la docente deba exponer su situación en cada establecimiento. Proponen centralizar el trámite en Recursos Humanos del CPE.

• Plazo máximo de 24 horas para autorizar la licencia desde que se presenta la solicitud, para dar respuestas rápidas y evitar mayor exposición.

• Renovación automática de la licencia con presentación de informe profesional actualizado, sin exigir que la docente reitere la situación vivida.

• Guía de actuación institucional, clara y detallada, que oriente a directivos, supervisores y secretarios sobre cómo actuar frente a estos casos, garantizando un tratamiento empático y humano.

• Inclusión de docentes suplentes e interinas en la cobertura de la licencia y posibilidad de traslados con perspectiva de género, sin que el tipo de designación sea un condicionante.

Desde ADOSAC remarcaron que la perspectiva de género "no es opcional, sino una obligación legal, ética y política", y que el Estado no puede permanecer indiferente. "Exigimos la aplicación efectiva y sensible del acuerdo, así como su mejoramiento en base a la experiencia habida desde su aprobación. Las garantías que se pregonan deben hacerse realmente operativas", sentenciaron.