El traspaso de rutas nacionales a Santa Cruz: costo del peaje, colapso de Ruta 3, poco flujo vehicular, financiamiento, e incertidumbre laboral

La Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados de Santa Cruz fue escenario de un  debate en torno a la infraestructura vial de la provincia.

Nahuel Santibáñez, representante sindical de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) - Distrito 23 Santa Cruz, expuso ante los legisladores los profundos "grises" y los riesgos que esconde la adhesión provincial al Decreto Nacional 253/2026 publicado el pasado 17 de abril, mediante el cual el Gobierno central oficializó la habilitación para que Santa Cruz y otras ocho jurisdicciones (Corrientes, Santa Fe, Córdoba, San Luis, Mendoza, Río Negro, Neuquén y San Juan) otorguen concesiones de obra pública por peaje sobre tramos de rutas nacionales.

El fantasma de los peajes en rutas sin control

Uno de los puntos más críticos señalados por Santibáñez fue la absoluta imposibilidad fáctica de implementar un sistema de peajes bajo las condiciones actuales de la infraestructura de control. "No hay lugar para que hagamos un peaje. Las balanzas que tenemos no están operativas porque el INTI (Instituto Nacional de Tecnología Industrial), que es el organismo que las homologaba, no está funcionando", denunció taxativamente.

"Nación se lava las manos y nos tira el problema"

Al analizar la letra chica del marco legal, el representante del Distrito 23 advirtió sobre una "trampa jurídica" que desprotege al Estado provincial. Según explicó, el decreto de adhesión establece que, si bien existe una transferencia de la gestión de los corredores hacia la órbita santacruceña, esto no implica que la ruta pase a ser provincial: sigue siendo nacional.

A raíz de esto, el Gobierno nacional conserva la potestad discrecional de quitar la concesión en el momento que lo decida. "¿Entonces qué pasaría si la provincia concesiona los tramos que sean y Nación decide quitarlos? Allí la provincia terminaría litigando contra la misma provincia, y así Nación se lava las manos. Te otorgan un tramo, seguro destrozado, te dicen 'concesiónenlo', y ellos cuando quieren lo devuelven a su órbita", alertó Santibáñez.

Además sumó la enorme incertidumbre laboral: "¿Qué va a pasar con los trabajadores viales que quedarían cesantes? Eso nadie lo responde".

El colapso de la Ruta 3 y el peligro de tragedias viales

El decreto de traspaso exige que las concesiones que se otorguen no resulten perjudiciales para el resto del sistema vial integrado. Sin embargo, la realidad de la red troncal santacruceña dista mucho de ser óptima.

Santibáñez describió un panorama desolador, comenzando por el tramo de la Ruta Nacional 3 desde Ramón Santos, signado por obras inconclusas, y extendiéndose hacia la zona de Tres Cerros. "Esa zona hoy es un peligro inminente de que un camión despiste y choque de frente con una familia. ¿Entonces allí una empresa va a poner un peaje? Eso no existe en ningún lado", fustigó.

El referente de Vialidad Nacional argumentó que los textos oficiales hablan de "hacer los arreglos necesarios", pero omiten la magnitud de la inversión requerida. "Lo que hay que hacer con la Ruta 3 hasta Monte Aymond es levantar todo el terraplén y hacer la ruta de nuevo. ¿Alguna empresa privada va a asumir ese costo sideral para poner dos o tres peajes? Con el escasísimo caudal vehicular que tenemos en la Patagonia, entre habitantes y camiones, ¿cuánto deberían cobrar el peaje para recuperar el dinero? ¿100 mil pesos? No dan los números", graficó con preocupación.

Falta de consulta y un futuro sin conectividad

Para el sector sindical, la medida se concretó sin consulta a los trabajadores y los cuadros técnicos de la repartición. Santibáñez fustigó el hermetismo en torno a las negociaciones previas: "El decreto dice que la provincia 'adhiere', es decir, que hubo conversaciones y alguien en el Poder Ejecutivo Provincial planteó que estas rutas deben pasar a la órbita local. Nos gustaría saber quién llevó a cabo esas negociaciones, porque a nadie del gremio ni a los empleados se nos convocó jamás".

Para concluir, el dirigente vial fue tajante respecto a la inviabilidad financiera del traspaso, alertando sobre el riesgo que corre la soberanía y la conectividad de la región, considerando que la Ruta 3 es el nexo vital con la isla de Tierra del Fuego.

"En lo único que es claro el decreto nacional es en que no hay transferencia de recursos. Simplemente te dan un problema, porque esto hoy es un problema. No encontramos con los compañeros viales una sola razón lógica para esto. Si la estructura de Vialidad Provincial ya no puede con las rutas que hoy tiene bajo su jurisdicción, ¿cómo va a sumar las nacionales? Les informo que, tras el invierno que se avecina, no tenemos insumos ni para hacer bacheo. Los baches van a ser cada vez más grandes y, si las rutas se destruyen más, vamos a quedar completamente incomunicados".

  Tras la exposición del referente vial, la comisión aprobó por unanimidad el proyecto impulsado por la diputada Agostina Mora, el cual manifiesta el enérgico repudio al decreto presidencial. Tras este estratégico despacho, la iniciativa fue girada a la Comisión de Obras Públicas para continuar con su tratamiento legislativo.