En qué consiste la iniciativa para realizar exámenes toxicológicos a todos los funcionarios de Santa Cruz: cómo es y qué pasa si el test es positivo

El proyecto de ley presentado por el diputado Carlos Godoy (Bloque Unión por la Patria) propone instaurar una política de "tolerancia cero" frente al consumo de drogas entre quienes ejercen cargos públicos en la provincia. Según el texto registrado como Proyecto N° 517 en la mesa de entradas el 23/09/2025, la norma "establece la obligatoriedad de realización de exámenes toxicológicos y de sustancias psicoactivas de carácter aleatorio y periódicos a Funcionarios públicos de los poderes del Estado Ejecutivo y Legislativo, con el fin de garantizar la integridad, idoneidad y transparencia en la función".

Hoy, paralelamente, el concejal de Pico Truncado Carlos Morón, presentará una iniciativa similar para funcionarios municipales y autoridades electas. 

El alcance es amplio. Incluye autoridades electas: gobernador/a, vice, legisladores/as, intendentes, concejales" y "funcionarios de designación política que integren gabinetes, secretarías y dirección superior", según se detalla en el articulado. El proyecto fue firmado por los diputados Carlos Godoy, Karina Nieto y Elba Ponce, y mañana deberá sortear su ingreso formal al debate legislativo cuando tome estado parlamentario.

"En la función pública, todos los días se toman decisiones que afectan a terceros. Por eso es imprescindible hacerlo en condiciones adecuadas y no bajo la ingesta de drogas o alcohol. Gobernador, Diputados, Intendentes, Concejales y Ministros debemos dar el ejemplo", expuso el diputado Godoy por redes sociales. 

Cómo serán las pruebas y las garantías de procedimiento

La iniciativa ordena pruebas en "matrices biológicas" y contempla un listado de sustancias a detectar -entre ellas alcohol, cocaína y sus derivados, marihuana, opiáceos, anfetaminas y drogas sintéticas-; además, prioriza el examen de orina como método inicial de detección. Para garantizar trazabilidad y confidencialidad, el texto establece un sistema de frascos doble: "El Frasco A será utilizado para el análisis inicial" y "El Frasco B quedará sellado y bajo cadena de custodia, disponible para contraprueba a solicitud del interesado, hasta las 72 horas de notificado un presumpto positivo".

Solo podrán intervenir "laboratorios privados acreditados bajo normas de calidad" y éstos deberán ser "asignados por sorteo", indica el proyecto. Las reglas de recolección incluyen la acreditación de identidad mediante documento válido y la supervisión de la toma para "asegurar preservar intimidad y dignidad de la persona"; además, cada muestra deberá dividirse en dos frascos estandarizados y rotularse con un código único que permita el anonimato dentro de la cadena de custodia. Estas previsiones buscan conjugar control técnico y garantías formales del procedimiento.

Sanciones, contrapruebas y alcance administrativo

El articulado dispone un régimen sancionatorio y pasos procesales claros. Tras un primer resultado confirmatorio del frasco A, el funcionario o funcionaria "tendrá derecho a solicitar el análisis del frasco B como contraprueba, siendo este vinculante", texto que el proyecto incorpora de manera taxativa. Para el personal no electivo, el proyecto prevé que, "en el caso de confirmarse el resultado positivo, se aplicará la remoción automática del cargo, sin perjuicio de acceso prioritario a programas de tratamiento". En cuanto a quienes ocupan cargos electivos, el resultado positivo deberá ser informado al órgano legislativo correspondiente para "evaluar la aplicación de causales de suspensión del mandato", respetando el debido proceso.

Además, la iniciativa obliga al funcionario con resultado confirmado a "iniciar un plan de salud de carácter obligatorio" y establece medidas por reincidencia: en caso de reiteración dentro del mismo mandato, el funcionario podrá ser apartado preventivamente por 90 días. Las sanciones disciplinarias, según el texto, "serán sin goce de haberes" en los supuestos que correspondan. La ley también faculta al Ejecutivo provincial y a la autoridad de aplicación para reglamentar protocolos, convenios y actos administrativos necesarios para poner en marcha el sistema.

Implicancias políticas y legales que abre el debate

El ingreso a la Legislatura de esta iniciativa activará en breve el debate político y técnico. Sus impulsores sostienen que la norma responde a la necesidad de "garantizar la integridad, idoneidad y transparencia en la función pública", mientras que eventuales opositores y organizaciones de defensa de derechos humanos y laborales podrían cuestionar la proporcionalidad de medidas que afectan la privacidad, la presunción de inocencia y la estabilidad laboral. En particular, la combinación de tests aleatorios, remoción automática y sanciones sin goce de haberes plantea interrogantes sobre mecanismos de protección y garantías procesales que los letrados constitucionalistas suelen exigir en este tipo de regulaciones.

Igualmente, el proyecto incorpora salvaguardas técnicas (acreditación de laboratorios, doble frasco, cadena de custodia) que buscan robustecer la validez de las pruebas en sede administrativa y judicial. Quedará por verse cómo se articularán los protocolos operativos, quiénes asumirán los costos del proceso y cuál será la agenda de comisiones en la Legislatura para el tratamiento del expediente que mañana toma estado parlamentario.

El texto será ahora remitido a las comisiones correspondientes, donde se aguardarán dictámenes técnicos del Ministerio de Salud y Ambiente -la autoridad de aplicación prevista- y de asesorías legales antes de avanzar hacia el recinto. La presentación en la mesa de entradas y las firmas de los diputados que impulsan la iniciativa marcan el inicio formal de un debate que promete ser amplio y con repercusiones en la gestión pública provincial.