¿Nuevo documento? El pasaporte sanitario que proponen para circular por el país

Puede ser que la pandemia de coronavirus deje tras de sí un nuevo documento en la billetera de los argentinos.
viernes, 18 de septiembre de 2020 · 11:20

Esta semana se presentó en Diputados un proyecto para instaurar un "pasaporte sanitario" que le permita a las personas circular dentro del país mientras se trabaja en el desarrollo de una vacuna contra el Covid-19. El documento contaría con información de salud del pasajero y con su compromiso explícito para cumplir el protocolo del lugar al que se dirige.

"Si seguimos en una situación de solo encierro se va a provocar rebeldía, lo que va a traer aparejado mayores problemas. Necesitamos pensar herramientas que nos permitan convivir con el virus", dijo a LA NACION la diputada radical Lorena Matzen, autora del proyecto.

La iniciativa, que fue presentada en la Cámara Baja el lunes pasado y espera el giro a comisiones para que se inicie el debate parlamentario, propone que el "pasaporte sanitario argentino" sea un certificado de validez nacional, de carácter individual e instransferible, y exigible en cualquier jurisdicción del país.

De acuerdo con la propuesta, deberá constar de una certificación impresa o digital de un hisopado con resultado negativo de las últimas 48 horas. Además, debe acreditar con un certificado de salud emitido por un médico clínico que la persona que se traslada no tuvo síntomas vinculados con el Covid-19 en las últimas 24 horas.

Por otro lado, el pasaporte sugerido incluye una declaración jurada firmada por el pasajero en la que acepta expresamente someterse a la realización de un test rápido al ingresar a las jurisdicciones que lo demanden. En caso de dar positivo, se dispone que será aislado en el destino. En cambio, si ambos tests son negativos, la persona quedará exenta de hacer cuarentena.

En la declaración jurada el pasajero también debe comprometerse a cumplir los protocolos sanitarios establecidos en el lugar en el que esté e informar su recorrido y su ubicación en el lugar de destino. El texto propone sanciones para quienes incumplan con la medida, aunque no detalla cuáles.

Para Matzen la aprobación del proyecto permitiría "unificar criterios" en todo el país, donde cada provincia -e incluso cada municipio- tiene sus propias reglas de ingreso, egreso y circulación. Además, no sería incompatible con otras propuestas que circulan en el Congreso como el establecimiento de "burbujas" de circulación entre territorios con una situación sanitaria similar.

Una de las principales críticas a la iniciativa es el costo que implica el doble testeo. El hisopado en origen, que según Matzen ronda entre los $5000 y los $7000, debería ser costeado por cada pasajero. Como argumento, la diputada señala que esto reemplazaría la obligación que hoy existe en varias provincias de hacer 14 días de cuarentena en un hotel, lo que tendría un costo superior.

Como alternativa, se propone que cuando se trate de viajes por motivo turísticos, el Estado Nacional cubra el hisopado incluyéndolo en algunos de los incentivos monetarios dispuestos en la reciente ley de promoción turística. El test rápido en destino, que es de menor complejidad y cuesta entre $900 y $1200, se sugiere que corra por cuenta de las provincias.

La legisladora tampoco cree que la capacidad del país para hacer tests sea un problema. Alineada con los pronósticos de las organizaciones mundiales de turismo, estima que la circulación aumentará gradualmente y no que se dará un salto vertiginoso. "Hay un factor psicológico, de temor al contagio, que hace que la gente tampoco salga masivamente de un momento a otro", apunta.

Ya sumergidos en la experiencia de la pandemia de Covid-19 y menos escépticos sobre la posibilidad de que se vuelva a repetir en el futuro, el pasaporte se propone como una herramienta no transitoria sino permanente. Según se precisa en el texto del proyecto, el Ministerio de Salud tendría la capacidad de incorporar nuevas enfermedades o situaciones sanitarias que deban ser contempladas en el mediano plazo.

Fuente: La Nación