La despidieron por decreto, la Justicia falló a su favor pero no fue reincorporada: por qué es un caso histórico en Santa Cruz

La doctora Yésica Delgado fue removida de su cargo como jueza de Faltas de Comandante Luis Piedra Buena el 20 de octubre de 2025, mediante el Decreto Municipal N° 3291/25, en una decisión que calificó como "ilegítima" y que dio inicio a un extenso conflicto judicial. 

El caso fue publicado originalmente por El Diario Nuevo Día en octubre del año pasado, y desde allí, hubo una extenso camino judicial que debería haber finalizado. 

Tras su apartamiento, el 29 y 30 de octubre se dictaron medidas cautelares que ordenaron al municipio abstenerse de designar una nueva jueza. Sin embargo, esa disposición no fue acatada inicialmente, ya que el Ejecutivo avanzó con un nombramiento, lo que obligó a la Justicia a emitir una nueva resolución para adecuar la designación y establecerla en carácter provisorio.

Este escenario marcó el inicio de una serie de incumplimientos que derivaron en sanciones económicas y nuevas intervenciones judiciales. 

Fallos, desacato y multas millonarias

Como publicó El Diario Nuevo Día, en diciembre de 2025, el Juzgado de primera instancia, a cargo de la jueza Anahí Mardones, dictó sentencia definitiva ordenando la reincorporación inmediata de Delgado a su cargo, junto con el pago de salarios caídos y su correspondiente remuneración.

La magistrada también determinó que existía un incumplimiento de las medidas cautelares por parte del municipio, por lo que fijó una multa diaria de 100.000 pesos. "Al día de hoy, esa multa asciende aproximadamente a 17 millones de pesos", detalló Delgado en su explicación.

Pese a la claridad de la resolución, el municipio decidió apelar. La apelación fue concedida con efecto no suspensivo, lo que implicaba que la reincorporación debía concretarse igualmente mientras intervenía la Cámara.

"Esto quiere decir que debían reincorporarme igual a mis funciones mientras se resolvía la apelación", explicó Delgado, quien remarcó que esa orden tampoco fue cumplida. 

Confirmación de la Cámara y nuevas sanciones

El conflicto tuvo un nuevo capítulo hace días atrás: el 24 de abril la Cámara de Apelaciones confirmó en todos sus términos la sentencia de primera instancia y rechazó la apelación presentada por el municipio.

El fallo ratificó la obligación de reincorporar a Delgado en un plazo de 48 horas, algo que, según denunció, aún no se concretó.

"Al día de la fecha siguen sin cumplir", afirmó, y señaló que ya existen causas penales en trámite por desobediencia a la autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad.

Además, se fijaron nuevas multas diarias ante el persistente incumplimiento de la orden judicial, lo que agrava la situación del Ejecutivo municipal. 

Un fallo histórico sobre la independencia judicial

Más allá de la restitución del cargo, Delgado destacó dos aspectos centrales del fallo. El primero es el reconocimiento de la estabilidad del empleo público, garantizada por el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y el artículo 32 de la Constitución Provincial.

El segundo, considerado "histórico", es el reconocimiento de la independencia de la justicia municipal de faltas respecto del Poder Ejecutivo.

"El fallo deja en claro que la justicia de faltas no puede depender del Ejecutivo, debe existir una verdadera división de poderes", sostuvo Delgado, y agregó: "Este principio, que rige a nivel nacional y provincial, ahora también queda reafirmado a nivel municipal".

En ese sentido, subrayó que la justicia de faltas cumple un rol clave al juzgar conductas previstas en ordenanzas municipales, con impacto directo en la vida cotidiana de la comunidad. 

Impacto institucional y debate abierto

El caso trasciende la situación personal de la magistrada y abre un debate sobre el funcionamiento institucional en los municipios de Santa Cruz.

"Esto marca un antes y un después para la Asociación de Jueces y Secretarios de Faltas de la provincia", indicó Delgado, quien consideró que el fallo sienta un precedente en defensa de la autonomía judicial.