La legislatura repuso a Sosa como Procurador General de Santa Cruz, quien fue removido por Néstor Kirchner

La Cámara de Diputados de Santa Cruz aprobó este jueves el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo Provincial que restituye al doctor Eduardo Sosa en el cargo de Procurador General de la provincia, poniendo fin a un extenso conflicto institucional que se prolongó durante más de tres décadas y que derivó en reiterados pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

La iniciativa obtuvo 13 votos afirmativos y representa el cumplimiento de una deuda institucional que se remonta a septiembre de 1995, cuando Sosa fue removido de su cargo tras la promulgación de la Ley Provincial N° 2404, durante la gestión del entonces gobernador Néstor Kirchner.

Aquella norma modificó la estructura del Ministerio Público y dividió el cargo que ocupaba Sosa, provocando el cese de sus funciones. La medida fue cuestionada judicialmente y dio origen a un largo litigio que llegó hasta el máximo tribunal del país.

Los fallos de la Corte Suprema

Según se destacó en los fundamentos del proyecto aprobado, la Corte Suprema intervino en reiteradas oportunidades y dictó fallos en 2009 y 2010 ordenando expresamente la restitución de Eduardo Sosa en el cargo de Procurador General.

Sin embargo, durante más de veinte años las distintas administraciones provinciales no concretaron el cumplimiento efectivo de esas sentencias, generando uno de los casos de desacato institucional más prolongados de la historia judicial argentina reciente.

Los argumentos del Ejecutivo remarcan que la aprobación de la ley constituye un paso necesario para garantizar el respeto al sistema republicano, la división de poderes y el cumplimiento de las decisiones judiciales firmes emanadas de la Corte Suprema.

Fin de un conflicto institucional

Desde el Gobierno Provincial sostuvieron que la restitución busca cerrar definitivamente un conflicto que trascendió varias gestiones gubernamentales y que colocó a Santa Cruz bajo observación por parte de los organismos judiciales nacionales.

La medida también fue presentada como una señal de fortalecimiento institucional y de respeto a las decisiones judiciales, en línea con los principios constitucionales que rigen el funcionamiento del Estado.

Con la sanción legislativa, la provincia avanza en el cumplimiento de una orden judicial que permanecía pendiente desde hace más de una década y que se convirtió en un caso emblemático dentro de la historia institucional santacruceña.