Ley de emergencia económica en Santa Cruz y paritarias, y un anticipo de $100.000 millones a la provincia en una "situación compleja"

Los gremios que integran el Frente Sindical de Santa Cruz realizarán paro esta semana y marcharán el jueves 26 por la mañana a la legislatura, ante la segunda sesión ordinaria, ya que el Gobierno de Santa Cruz confirmó que insistirá con la ley de emergencia económica y financiera, la cual negó que se tratara de un ajuste y de una reforma previsional.

En el medio hubo reuniones formales entre el jefe de Gabinete, Pedro Luxen con las organizaciones, quien explicó que la ley de emergencia era necesaria "para facilitar el financiamiento de la provincia y poder llevarle una mejora a los bolsillos de los trabajadores, sentándonos a discutir salarios con la administración pública, lo más pronto posible", pero la norma fue rechazada. 

Es que en la primera sesión legislativa de este año, el pasado 12 de marzo, el proyecto de ley de emergencia enviado por el oficialismo no tomó si quiera esta parlamentario y debió ser devuelto al Ejecutivo por reclamo de los sindicatos. Semanas atrás había circulado un borrador similar a esta norma, que propone que la emergencia tenga vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026, con posibilidad de prorrogarla por un año más.

Entre los puntos centrales del proyecto se incluyen:

• La reorganización del gasto público provincial.

• La revisión de estructuras administrativas, cargos y adicionales salariales.

• La posibilidad de armonizar los aumentos salariales con los recursos disponibles.

• La suspensión del ingreso de personal al Estado, con algunas excepciones.

• La creación de un régimen de pasividad anticipada voluntaria para empleados públicos cercanos a la jubilación.

El texto también establece que durante la vigencia de la emergencia no podrán aplicarse aumentos salariales automáticos ni mejoras remunerativas si no existen recursos financieros disponibles para afrontarlos. 

Cambios en la ley rechazada

 En medio de un escenario de fuerte tensión con los sindicatos, la ministra de Gobierno, María Belén Elmiger, ratificó que el Ejecutivo provincial insistirá con el proyecto de ley de emergencia económica, aunque con modificaciones en su redacción.

Confirmó que el texto será corregido antes de volver a la Legislatura. "Le vamos a hacer aclaraciones al proyecto porque algunas partes fueron malinterpretadas", explicó, y agregó que el nuevo borrador será previamente compartido con los gremios.

Los puntos más cuestionados y la explicación oficial

Uno de los ejes del conflicto giró en torno a los artículos vinculados a la política salarial. En particular, la posibilidad de que el Gobierno limite aumentos o cláusulas gatillo generó preocupación en el sector sindical.

Sobre esto, Elmiger fue clara: "No podés dar un aumento si no tenés los recursos para pagarlo. Eso ya lo establece la ley de administración financiera". Según indicó, el proyecto no introduce una novedad sino que reafirma criterios existentes.

La ministra detalló que el artículo que plantea "armonizar los incrementos salariales con los recursos disponibles" responde a esa lógica. "Es una traducción corriente de la normativa vigente, no una herramienta para recortar salarios", afirmó.

Además, reconoció que algunos puntos del articulado serán modificados. Entre ellos, la posibilidad de reasignar funciones dentro del Estado. "Ese inciso lo vamos a sacar porque ya está regulado en el convenio colectivo y puede generar confusión", señaló.

También anticipó cambios en la redacción de artículos vinculados a actualizaciones salariales, luego de los planteos realizados por los sindicatos.

Rechazo a una reforma previsional

Otro de los aspectos más sensibles fue la interpretación de que el proyecto abría la puerta a una reforma previsional, tema tabú que provocó graves incidentes eel 29 de diciembre de 2011 ante una ley similar bajo la gobernación de Daniel Peralta. concretamente, por la pasividad anticipada voluntaria . La ministra desmintió categóricamente esa posibilidad.

"En ningún momento se habla de reforma previsional ni de ajuste a los trabajadores", afirmó. En ese marco, explicó que uno de los puntos incluidos en el proyecto -la denominada pasividad anticipada voluntaria- no implica una jubilación.

"No constituye un beneficio previsional ni una jubilación anticipada. El trabajador sigue siendo activo y su salario lo paga el Estado", detalló. Según indicó, se trata de una opción para empleados que, sin cumplir los requisitos jubilatorios, desean dejar de prestar servicios.

El régimen de pasividad anticipada forma parte del Capítulo II del proyecto de ley de emergencia económica presentado por el Poder Ejecutivo provincial.

Según se explica en los fundamentos del proyecto, esta herramienta busca ordenar la estructura del empleo público y reducir la presión del gasto estatal, permitiendo una transición gradual de trabajadores hacia la jubilación.

"El régimen permitirá una transición gradual hacia la jubilación ordinaria, manteniendo el personal su condición de agente activo, pero quedando eximido de la obligación de prestar servicios efectivos", señala el texto del proyecto.

Desde el Ejecutivo sostienen que la medida no modifica el sistema previsional vigente ni implica una jubilación anticipada, sino que se trata de un mecanismo administrativo dentro del marco de la emergencia económica. 

Quiénes podrán acceder al beneficio

El régimen estará dirigido a empleados públicos del Poder Ejecutivo que cumplan determinadas condiciones.

Entre los requisitos establecidos se encuentran:

• Ser aportante activo de la Caja de Previsión Social de Santa Cruz.

• Estar a un máximo de cinco años de cumplir los requisitos de jubilación ordinaria previstos en la Ley N.º 1782.

• Solicitar el ingreso al régimen de forma voluntaria.

Sin embargo, el acceso al beneficio no será automático.

El proyecto establece que la aceptación de cada solicitud quedará sujeta a la decisión del Poder Ejecutivo, que evaluará la conveniencia según las necesidades de cada área del Estado. 

Escala salarial durante la pasividad

Durante el período de pasividad anticipada, el trabajador percibirá un porcentaje de su salario de acuerdo con los años que le falten para jubilarse.

La escala prevista en el proyecto es la siguiente:

• 75% del salario si falta hasta 1 año para jubilarse.

• 70% del salario si faltan hasta 2 años.

• 65% del salario si faltan hasta 3 años.

• 60% del salario si faltan hasta 4 años.

• 55% del salario si faltan hasta 5 años.

El cálculo se realizará sobre el sueldo correspondiente al cargo, categoría y antigüedad del trabajador, incluyendo el aguinaldo.

A pesar de dejar de cumplir tareas habituales, el Estado continuará realizando el 100% de los aportes previsionales, por lo que el tiempo transcurrido dentro del régimen se computará como años de servicio para la futura jubilación.

Anticipo de Nación a Santa Cruz y un pedido de paritarias 

El pasado 19 de marzo, se conoció el anticipo financiero de 100 mil millones de pesos otorgado por el Gobierno nacional a Santa Cruz, medida oficializada mediante el decreto 161/2026 del Ministerio de Economía.

De acuerdo al propio gobernador, la provincia atraviesa una situación económica compleja, con una alta demanda sobre el Estado. "Fue nuestra única alternativa", sostuvo, al justificar la decisión de solicitar los fondos.

En ese sentido, detalló que el dinero será destinado principalmente al pago de salarios de trabajadores activos y pasivos, así como a cubrir prestaciones de la caja de servicios. Además, aseguró: "El dinero será devuelto durante este año". 

Vidal también expuso el contexto financiero que atraviesa la provincia, marcado por una fuerte caída en los recursos provenientes de Nación. Según indicó, en marzo se registró una baja promedio de 9 puntos en los ingresos, mientras que el mes anterior ya se había evidenciado una caída del 1,8%.

El gobernador vinculó esta situación con el contexto económico general. "El Estado colapsó, por eso tanta demanda", expresó, al describir el impacto de la crisis sobre las finanzas públicas.

A su vez, remarcó la magnitud del sistema estatal provincial, señalando que existen más de 40 mil empleados públicos, más de 25 mil pasivos, además de monotributistas y cooperativas que dependen de los recursos del Estado.

Aunque el anticipo permitirá abonar salarios, como lo señaló el propio Gobierno, el reclamo sindical apunta a que se sienten a negociar aumento de salarios en paritarias, punto que para las organizaciones no permite la ley de emergencia económica. Por ahora no hay fecha oficial, y según informó la propia ministra de Gobierno, Belén Elmiger a El Diario Nuevo Día, la convocatoria a los gremios seria a fines de marzo, esta semana, o inicios de abril.